Protesta por un intento de embalsar el arroyo Ayuí
La revista "France Football" eligió al jugador del Barcelona y de la selección argentina como el mejor jugador de este año, seguido por Cristiano Ronaldo y Xavi, compañero de equipo de "la Pulga". Recibió 473 votos. Es el primer argentino que logra el galardón.
Según el constitucionalista Daniel Sabsay, Presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales "Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos, y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso".
Sabsay analizó el caso correntino para sostener. "No se compadece con el modelo de desarrollo sustentable, contemplado en nuestra constitución nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación", refiriéndose a una serie de sentencias entre las que se destaca "Mendoza" (conocida como el caso del Riachuelo).
Sería la primera vez que tal cosa ocurre y sentaría un riesgoso precedente en materia jurídica y ambiental.
El derrotero de las empresas para inundar el Ayuí:
Año 2005- Cinco empresas reunidas en la UTE (Unión Transitoria de Empresas) lideradas por Copra y Pilagá, intentaron avanzar con una represa, que por su tamaño fuera descomunal decidieron denominar "Megarrepresa", esgrimiendo una Evaluación de Impacto Ambiental visiblemente endeble, arguyendo grandes beneficios a la zona. Encontraron una sólida resistencia de la comunidad.
Año 2007- Pilagá se vendió a Adeco Agro, quién se sumó a Copra para resurgir con el proyecto. Contrataron científicos y profesores universitarios reconocidos (cuyo prestigio se desvaneció tan pronto como sus nombres se incorporaron a un proyecto insalvable). La represa se achicó un tanto (de 11 pasó a 8 mil hectáreas de espejo de agua artificial), pues una de las empresas entendió que el proyecto era inviable, y retiró sus campos del proyecto.
Año 2008- Un notable grupo de juristas, artistas, productores y científicos publicó la Carta Abierta titulada "El Ayuí debe seguir siendo un arroyo". Entre otros, firmaron la carta Antonio Tarragó Ros (Cantante), Daniel Sabsay (Constitucionalista), Antonio Brailosky (Ambientalista), Eduardo Peluffo (productor del Miriñay), Ernesto Viglizzo (Agrónomo del INTA/Conicet), Aníbal Parera (Biólogo), entre muchos otros vecinos, productores y figuras de renombre.
- Miles de personas se sumaron a la "Carta abierta" a través del Blog en defensa del Ayuí montado por la Fundación Iberá.
- Las empresas entendieron, sin embargo, que lo único que les impedía avanzar era la vigencia de la Ley Nacional de Bosques, que congelaba los desmontes hasta que la provincia emitiera su Ordenamiento de Bosques Nativos. Entonces se retiraron de la escena nuevamente, esta vez para empujar al gobierno de Corrientes a que emita un "Decreto de Bosques Nativos" que los habilite para avanzar con su proyecto de represa.
Año 2009- Habiendo obtenido el Decreto del Ejecutivo provincial (que lleva la firma del Gobernador saliente Arturo Colombi), consiguieron un dictamen positivo de la oficina de Recursos Forestales y convocaron a una Audiencia Pública para el próximo 4 de diciembre.
El Decreto de Bosques en la Justicia:
El Decreto de Bosques Nativos está en manos la Justicia, desde que la Fundación Iberá promovió un Recurso de Amparo, solicitando la nulidad absoluta e insanable del mismo por considerarlo: (a) improcedente (al no publicar información obligatoria, como por ejemplos los mapas de zonificación de los bosques); (b) inconstitucional (contrariando varias leyes), (c) promovido sin el consenso que exige la Ley Nacional de Bosques y, lo que resulta especialmente grave (d) promotor de un daño a los productores de zonas con bosques nativos, automáticamente condenados a no percibir los beneficios de un importante Fondo Compensatorio por preservar dichos bosques.
"Si bien esto último pasó desapercibido para muchos ciudadanos, la imposibilidad de acceso al Fondo cayó automáticamente cuando el Gobernador decidió firmar un Decreto en lugar de buscar la vía parlamentaria correspondiente para reglamentar el uso de los bosques" -explica el biólogo Aníbal Parera, con trayectoria en políticas de producción rural sustentable-: "La ley penaliza de esta forma a las provincias que deciden esquivar la vía parlamentaria".
Al filo del cambio de gobierno provincial, y puestos en jaque por las expresiones realizadas en el lanzamiento de la Plataforma Ambiental del gobernador ahora electo, su asesor Lino Gómez, decía: "En uno de los afluentes del río Miriñay una empresa privada quiere taparlo e inundarlo para el cultivo de arroz y el actual gobierno no hizo nada, el único estudio que existe es el que pago la misma empresa".
No es de extrañar que las empresas impulsen ahora una Audiencia Pública a sólo seis días del cambio de gobierno.
Para el cantante popular correntino Antonio Tarragó Ros: "Esta es una verdadera tragedia, y lo que yo aprendí que puede convertir la tragedia en virtud es el arte: vamos a escribir poesía y canciones al Ayuí, para que siga corriendo".
Sin embargo, el osado e irregular proyecto de Represa del Ayuí Grande vuelve a zozobrar. De avanzar con el desarrollo de la audiencia pública, el ICAA y las empresas podrían verse sorprendidas en extraño papel, sin el soporte legal en el que ellas ingenuamente confían (el Decreto de Bosques Nativos podría ser previamente declarado de "nulidad absoluta"). Para el presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour, esta es una posición que no deja de ser ingenua: "Parecen no comprender que hay leyes en todos los niveles, desde Municipal hasta Internacional, que frenarían este proyecto en cualquier corte judicial".-
Las Claves del Ayuí
Arroyo Ayuí Grande: está en corazón de Corrientes, a 50 km de los esteros del Iberá, y es el principal afluente del Río Miriñay, que desagua en el Uruguay.
Bosques en Galería del Ayuí: Están dominados por el Ingá, un árbol de 15 m de altura, con presencia de Timbó Blanco, Laurel, orquídeas y epífitas.
Especies en extinción: En el Ayuí viven especies amenazadas que se verían desplazadas de su hábitat, como el ciervo de los pantanos, el aguará guazú y el lobito de río (las tres protegidas como Monumento Natural Provincial).
Ambición desmedida: Existen alternativas para irrigar cultivos en la zona, incluso aconsejadas por los mismos técnicos contratados por las empresas, como varias represas menores ubicadas en cabeceras de cuenca, donde no hay bosques maduros por inundar. Su defecto es que no tendrían la misma capacidad que el proyecto busca.
Sin precedentes: No existen precedentes de un proyecto de estas características. Represas de estas dimensiones son hidroeléctricas, y al servicio de toda la comunidad (generación de energía eléctrica), no en beneficio de privados, como en este caso.
Daño a los productores: Otros productores no acompañan este proyecto. En especial muchos ganaderos y arroceros ubicados aguas abajo temen por posibles accidentes (roturas del dique), falta de agua (no confían en que la empresa deje de retenerla en tiempos de sequía) y daños ecológicos (las producciones de la cuenca son dependientes del agua y del ecosistema).
Falsa escuadra: El Proyecto vulnera la Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes nacionales y provinciales. Sin embargo, la antijuricidad manifiesta no impidió que la provincia "acompañe" en todo momento el proceso. Con o sin Decreto de Bosques el proyecto es inviable.
Poderosos intereses: No son empresas correntinas las que promueven el proyecto. Adeco Agro pertenece al grupo del financista internacional George Soros y el titular de Copra S.A. es un conocido gerente del grupo Clarín.
Puestos de trabajo y donaciones a Hospitales locales: es lo que proponen las empresas a cambio de destruir el ecosistema y vulnerar el acceso al agua a productores de la baja cuenca.
Acceda al Blog http://www.ennombredelayui.blogspot.com/
La Carta Abierta en Defensa del Ayuí:http://www.proteger.org.ar/download/archivos/ayui-solicitada.pdf
Enlace al Mapa de ubicación de la represa (en Alta)https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgO3N7XkDIxUtwEd3CQmLzihl8G4Io6NglvwxMWbwyL0ZWwfRXTwHwAf1RYJy_qOg5mddd6hemyK0bJaAereupp9tHLP9q0p9LVOefw7itXrctKlZCURdZdwa0KbzElLdKlTHU27lrJF8k/s1600-h/Mapa.jpg
El dudoso sobreseimiento de Oscar Raúl Aguad por prescripción de la acción penal en la famosa causa de los “60 millones”, sería apelado en los próximos días, luego que el denunciante Rodolfo Amilcar Paladini, se notificará del fallo de la jueza Laura Varela, ocurrida en diciembre de 2007, entre gallos y medianoche. Tratados internacionales adheridos a la constitución argentina como leyes supremas, fallos del alto cuerpo judicial del país, como dictámenes de la Corte provincial, declaran a los delitos cometidos contra el Estado, como imprescriptibles. No pocos sostienen que detrás del dictamen de la Varela, hay algo más que una resolución judicial. Todo se podría convertir en un verdadero escándalo tribunalicio de ribetes nacionales. La prensa porteña no estaría ajena al suceso.
Aguad esta acusado de administración fraudulenta en perjuicio del erario público por violación de los deberes a su cargo. Junto a otros ex funcionarios de la tristemente célebre intervención federal conducida por el extinto Ramón Bautista Mestre, el hoy jefe de la bancada radical en Diputados del Congreso de la Nación, había ejecutado una de las mayores estafas en la historia de Corrientes al tomar un empréstito de 60 millones de dólares cuando conducían la municipalidad de Corrientes, para luego convertirlos en certificados de cancelación, más conocidos como CECACOR. El millonario préstamo le fue concedido por el Banco de la Nación Argentina en agosto del año 2.000 cuando Aguad se desempeñaba como delegado normalizador en la comuna capitalina y el país era gobernado por un frustrado Fernando de la Rúa. El objetivo de la línea de crédito era pagar deudas con organismos provinciales (IPS y IOSCOR) y amortizar bonos tomados por el municipio como también, la concreción de algunas obras públicas. La montaña de billetes de la moneda americana fue depositada en octubre de 2000 en una cuenta de la provincia, que respaldaría la operación con garantía de la coparticipación federal de impuestos, pero gran parte de ese dinero, sería canjeado inmediatamente en CECACOR y a través de esos papeles saldar los pasivos que tenía la comuna con el Instituto de Previsión Social de la provincia y la obra social de Corrientes. Del efectivo que quedaría tras la maniobra jamás de supo donde fue a parar. A finales de diciembre de 2001, el ingeniero Paladini denunciaría la maniobra, después de varios meses ya entrado el 2002, la entonces intendente Nora Nazar de Romero Feris dio ordenes de querellar en el proceso. La causa paso del fuero provincial al federal una y otra vez dilatando el expediente. La muerte de Mestre planteó la competencia. La fuerte presión de un sector de la prensa independiente lograría que en el 2005, el expediente recale en el juzgado de origen de la acusación, el de Instrucción 5 a cargo de Laura Varela. La magistrado luego de citarlo a indagatoria a Aguad, decidió procesarlo. Ese mismo año en octubre, el llamado Milico sería electo diputado de la nación por Córdoba y asumiría en su banca más allá de su problema judicial en Corrientes. Su fuero parlamentario debía haber paralizado la acción penal en su contra, y el expediente ser archivado hasta que culmine su mandato de legislador. Asimismo las actuaciones continuaron a pesar de lo que establecen las normativas para este cuadro de inmunidad legislativa.
LA PRESCRIPCIÓN
El 6 julio de 2007 la cámara en lo Criminal 1 de Corrientes resuelve aceptar la apelación de la defensa, revocando el auto procesamiento del ex interventor federal entendiendo que el juez se había apartado de las pruebas, aunque termina rechazando el pedido de prescripción de la causa aduciendo que no había operado el máximo de la pena. La votación terminaría 2 a 1. Luis González hoy camarista federal, se inclinaría por la caducidad de la instancia, mientras que Cintya Godoy Prats y Roberto Abel Mendiaz, se opondrían a esa solicitud. Asimismo, ya habían transcurrido dos años desde que Aguad asumió como diputado nacional y las diligencias continuaban más allá de la inmunidad parlamentaria del acusado, que debía proceder al archivo del expediente. Seis meses después de la resolución de este tribunal de alzada, la jueza Laura Varela y con el argumento de los camaristas todavía caliente en el papel, fallaría sobreseyendo por prescripción de la acción penal a Oscar Raúl Aguad, a Ramón Darwich y Fidias Mitrades Sanz, en contraposición al dictamen ocurrido 180 días antes. La fiscal actuante Graciela Fernández Contarde no se opondría a la resolución de Varela, tampoco la querella encabezada por el abogado Ricardo Maldonado en representación del municipio, apelaría la decisión. Un contubernio político judicial se habría consumado para liberar de la presión penal a un hombre, que cuando declara a los medios nacionales se muestra como un emulo de San Francisco de Asís, cuando la verdad demuestra que empernó económicamente al municipio de la añeja ciudad de Vera por décadas, sumiéndola en una crisis financiera de largo aliento, que retumba en la ciudadanía correntina.
El "comando Carpincho" regresó nuevamente a Corrientes, pero esta vez para desenmascarar a la funcionaria correntina y presidente de la Cámara de Diputados Josefina Meabe de Mathó. Se dio a conocer en el mismo que la arrocera de la Dama de Hierro extrae de agua, en 3 meses lo que la sociedad de Corrientes gasta en 2 años.
El conductor y notero Gonzalito de la sección de "Proteste Ya" del programa Caiga Quien Caiga, que se emite semanalmente por Telefé volvió por más. Con una introducción sobre las arroceras que se encuentran ilegalmente en los Esteros del Iberá decidió venir a la capital. Golpeó todas las puertas de la Secretaría de Producción pero no tuvo resultados positivos. Luego emprendió hacia la casa de la diputada quien lo recibió y no supo responder algunas de las preguntas que el periodista le realizaba. Al otro día con la presencia de dos abogados Josefina intentó "explicar" la legalidad de su arrocera pero sin convencer a Gonzalito, quien pudo demostrar junto a Andrés Napoli de "Salvemos al Iberá" que en un documento de ICAA mostró que hasta el 06 de octubre de 2009 la arrocera no obtuvo concesión del agua.
La arrocera de la diputada es un inmueble ubicado en la 3ra. Sección Depto. de Mercedes, Pcia. de Corrientes, campo “Caá Guazú”, Lote N° 2 de superficie de 2.531, 37,37 has. Lindero: Al Norte: Río Corriente, al Sur: Lote 1 de Manuel Cayón, al Este: Julio Persíncula y Jaime Neil Mac Lean, y al Oeste: Río Corriente. Plano de
Mensura: 629 LL. La extensión de la arrocera es de 619 has. aproximadamente. Las causas administrativas y judiciales: Se inició con fecha 27 de agosto de 2009 expediente administrativo
en el I.C.A.A. donde se formula un pedido de información sobre el emprendimiento, que tramita bajo Expte Nº 540-661/09. Sin respuesta hasta la fecha.
Según la Constitución Provincial y el Código de Aguas (Decreto Ley N°191/01), el AGUA en la Provincia de Corrientes constituye un recurso natural de dominio originario del Estado; y es considerado un bien social esencial para la vida. Es el Estado, por intermedio del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (I.C.A.A.), quien debe regular el uso del agua; y su utilización racional como recurso vital, por expreso mandato constitucional.
Pero el cumplimiento de las leyes ambientales en la Provincia de Corrientes, es todavía una expresión de deseo, mas que una realidad de la que estemos orgullosos.
Hoy en día, la situación en los Esteros del Iberá, no se condice con el mandato constitucional previsto en los Arts. 58, 59, 60 y concordantes, y en el Código de Aguas; ya que existen dentro de nuestra Reserva Provincial DIEZ ARROCERAS que están al margen de la ley; llevándose de
forma gratuita y sin autorización legal; el recurso mas preciado: EL AGUA DE TODOS LOS CORRENTINOS.
Estas DIEZ ARROCERAS, son una fracción minoritaria dentro de la producción de arroz de la provincia; ya que en conjunto suma una extensión aproximada de CINCO MIL HECTAREAS (5.000 has.), sobre una producción total provincial de OCHENTA MIL HECTAREAS (80.000 has.), por lo que su proporción es inferior al NUEVE POR CIENTO (9%) del total de la producción provincial.
Con el reciente dictado del Decreto Provincial que delimita el Parque Provincial Iberá (Ley Provincial N°4736), las aguas de Grandes Lagunas del Iberá no pueden ser objeto de utilización por parte de las arroceras; ni se permiten construcciones que afecten estos espejos de agua. Sin embargo, se está utilizando el AGUA DEL IBERÁ de manera indiscriminada y sin autorización oficial alguna; alterando sustancialmente el equilibrio de un frágil ecosistema; al “tomar” millones de litros de agua pública y protegida por las leyes provinciales y por la misma Constitución.
La utilización de agroquímicos en este tipo de producción y el posterior descarte de las aguas residuales a las mismas fuentes de donde fueron obtenidas, alteran alevosamente las prístinas aguas del Iberá; y constituye una violación aberrante que debemos detener, antes de que la Reserva Provincial Iberá pierda para siempre el elemento que la hace única. EL AGUA DEL IBERÁ.
Información complemetaria sustraída de "Esteros del Iberá – Las arroceras dentro de la reserva –2009
10 CANALES Y BOMBAS FUERON CONSTRUIDOS ILEGALMENTE Y FUNCIONAN CON LA COMPLICIDAD DEL Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA).
Operan al margen de la ley, sin Declaración de Impacto Ambiental, ni Concesión de Aguas succionando miles de litros diarios de la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
PERO ES USTED COMO FUNCIONARIA PÚBLICA QUIEN DEBE DAR EL EJEMPLO
MANDALE UN MENSAJE DE TEXTO A LA SEÑORA JOSEFINA MEABE DE MATHO AL
03783-15-62-9144
Quince acusados, en su mayoría ex comisarios de la Policía Federal pero también algunos gendarmes y agentes de inteligencia militar, comenzarán a ser juzgados el próximo martes por el Tribunal Oral Federal 2, imputados por 158 delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en el circuito de centros clandestinos de detención Club Atlético, Banco y Olimpo, conocido como "ABO".
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