Ayuí: la Nación solicitó se dicte el freno de las obras
La Jefatura de Gabinete acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento. El pedido surge a raíz de un informe de Gendarmería Nacional que daría cuenta de la proximidad de las obras. Esto se suma al anterior planteo que derivó en solicitudes de informes por parte del órgano judicial al Gobierno correntino.
El Estado nacional solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento empresarial privado denominado "Proyecto Productivo Ayuí Grande", que se impulsa en el Departamento Mercedes y que ya cuenta con la concesión del agua pública para la explotación del arroyo otorgada por el Instituto Correntino del Agua y del Medio Ambiente.
"La Jefatura de Gabinete de Ministros, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación como órgano director del Cuerpo de Abogados del Estado, hizo el planteo en base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional, que da cuenta de la proximidad del inicio de las obras", indicó un comunicado de la Procuración del Tesoro publicado ayer por Telam.
Precisó que "el informe de la Fuerza de Seguridad señala que se encuentra en trámite el procedimiento de licitación, al cabo del cual, tendrán comienzo los trabajos".
"Esta presentación -sostuvo- del Estado nacional ante la Corte se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975".
Añadió que "esta causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado nacional contra la provincia de Corrientes, tendiente a que ésta presentara los informes técnicos y antecedentes necesarios para que los organismos nacionales competentes pudieran evaluar el impacto que el proyecto tendría sobre el medio ambiente, sin embargo esa información aún no ha sido brindada".
Esta nueva solicitud surge en el marco de la cuenta regresiva para la instalación de la represa, ya que días atrás, el Instituto Correntino del Agua y del Medio Ambiente (Icaa) emitiera la concesión del agua pública para iniciar en un plazo de 60 días la obra de la represa.
Al respecto desde el Icaa informó que por petición de la Corte elevó copias certificadas de los procedimientos realizados por el organismo. Indicó también que en el informe elevado a Fiscalía de Estado se aclara respecto al alcance de los plazos establecidos tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en las Resoluciones de Concesión de Agua, donde se destaca como requisito fundamental que los responsables de la UTE, al momento de decidir la construcción de la presa sobre el arroyo Ayuí, deben comunicar al Icaa el inicio de la misma, con una antelación de 60 días según lo dispuesto en la Resolución Nº 794/09 de Declaración de Impacto Ambiental y 30 días de acuerdo a lo estipulado según lo estipulado en las Resoluciones de Concesiones de Derechos de Aguas, otorgadas al continuar los procedimientos administrativos, técnicos y legales al no existir impedimentos judicial al respecto.
Publicado por El Libertador
