El fiscal general de Justicia de Corrientes César Sotelo manifestó que en Formosa se realizaron 11 mil amparos, que representan el 50 por ciento de todas las fuerzas del país. Y afirmó que Corrientes fue el punto de inflexión al poner en evidencia esta tendencia que se fue dando en distintos distritos. “En el caso de la doctora Duarte (jueza de Santo Tomé), fueron 7.000 expedientes, de los cuales ninguno fue girado a la justicia federal, es decir el Estado estaba en estado de indefensión total”, dijo.“Hay una manipulación que el Estado nacional se fue dando cuenta de a poco”, dijo y agregó que “esto se viene dando desde el año 2009 en adelante”.
En las últimas horas ell periodista Horacio Verbitsky publicó un artículo en el diario Página 12, refiriéndose al decreto del Poder Ejecutivo que ordenó modificar la escala salarial de las fuerzas de seguridad. Lo relacionó plenamente a la tramitación de amparos para obtener pagos extraordinarios de las fuerzas que derivó en mayo de este año a la destitución de la jueza provincial de Santo Tomé, Graciela Beatriz Duarte, por unanimidad por los siete miembros del jury.
La acusación fue realizada por el fiscal general de Justicia de Corrientes, César Sotelo. De esta manera Página 12 distinguió la labor del fiscal general.
Parte del texto de Verbitsky, por la tramitación de amparos, dice que: “César Sotelo, dijo que vamos a encontrarnos con los hechos más inverosímiles vividos hasta ahora en la Justicia de Corrientes: un centenar de demandas contra el Estado Nacional (para lo que la justicia provincial no tiene jurisdicción), y en cada una de ellas una pluralidad de actores increíble, de diversos lugares del país. El país entero se hizo cita en Santo Tomé y no por el Festival del Chamamé sino por el Juzgado Civil y Comercial”.
Calculó que esos amparos habían beneficiado a no menos de 7.000 personas, en demandas colectivas que incluían entre 30 y 70 actores cada una, con domicilio en distintas partes del país.
Duarte los concedía de inmediato, para lo cual declaraba inconstitucional un artículo de la ley provincial de amparo, lo notificaba a Prefectura y Gendarmería y luego se declaraba incompetente.
