30.12.09

Condenan al ex arzobispo Edgardo Storni por abuso sexual

El ex arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni fue condenado hoy a ocho años de prisión por abuso sexual agravado por el vínculo. La condena fue impuesta por la jueza María Amalia Mascheroni a raíz de la denuncia realizada por el ex seminarista Rubén Descalzo.
Storni no cumpliría prisión en cárcel común sino en forma domiciliaria por su avanzada edad. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada. El abogado del religioso informó sobre el fallo esta mañana y precisó también que la medida fue apelada.
El caso Storni se hizo público en 1994, cuando por orden del Vaticano el actual arzobispo de San Juan, monseñor José María Arancibia, investigó denuncias de jóvenes que estudiaban para sacerdotes sobre supuestos abusos sexuales cometidos en el Seminario santafesino y durante los retiros espirituales en Calamuchita, Córdoba. Los testimonios recogidos entonces apuntaban contra Storni, que entonces era el titular del Arzobispado de Santa Fe.
En los relatos, varios seminaristas coincidieron con los testimonios brindados por sacerdotes, algunos de los cuales entregaron copias de cartas remitidas al arzobispo, advirtiéndole la gravedad de los hechos y la necesidad de adoptar alguna medida al respecto de su parte. Monseñor Storni fue procesado a principios de 2003 por el juez de Instrucción Eduardo Giovanini por la presunta comisión del delito de abuso sexual en perjuicio de un ex seminarista, que había denunciado el hecho en 1993. Pero en la misma resolución, el magistrado desestimó otras dos denuncias contra la autoridad religiosa al considerar que el tiempo transcurrido superaba el establecido para analizar la causa.
Aunque negó ante la Justicia y el Vaticano las imputaciones, Storni renunció al Arzobispado en setiembre de 2002, mediante una misiva remitida al papa Juan Pablo II. La situación se agravó como consecuencia de una carta que el presbítero José Guntern le remitió al ex obispo por un caso de abuso.
El sacerdote, quien falleció tiempo después, fue instado entonces por sus autoridades a que se retracte del contenido de la nota y después se habría llevado a cabo una reunión en el Arzobispado donde al menos cuatro sacerdotes habrían presionado a Guntern para que se rectificara.
Entre esos curas se encontraban Hugo Capello y Marcelo Matero, quienes fueron acusados ante la justicia por presionar al anciano sacerdote, pero luego fueron sobreseídos del delito de coacción. En tanto, los sacerdotes Mario Grassi y Edgar Stoffel, este último ya fallecido, fueron considerados por la justicia partícipes primarios de coacción.
La condena de la jueza Mascheroni fue dictada el miércoles pasado, pero fue dada a conocer hoy por el abogado del ex obispo, Eduardo Jauchen.
El abogado explicó que "se trata de la pena mínima por abuso sexual agravado por la condición de autor. En este caso se trataba de un sacerdote que estaba a la guarda", dijo, y por eso el delito fue calificado de "agravado por el vínculo". Fuente: DyN
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28.12.09

Los desplazados de la soja

Los casos de pequeños campesinos que se ven forzados a dejar las tierras donde viven y trabajan desde hace décadas son cada vez más numerosos. Gianfranco Macri y otros grandes empresarios son protagonistas de expulsiones de estos días.
Son historias personales y colectivas que se repiten en diferentes puntos del país. Modus operandi reiterados que se multiplican con las declaraciones en primera persona de los afectados y en los escritos judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar documentos que supuestamente los benefician, luego llega la intimación para abandonar sus tierras, después la presencia policial para concretar el desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios”, como denunció a Página/12 el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. Son historias comunes que afectan a campesinos y habitantes originarios de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa– que pasan sus días entre la cría de animales, la cosecha de vegetales, granos y la lucha por no ser desplazados.
Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de Enlace, mira para otro lado y defiende sus intereses. Detrás de su silencio, se amparan el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera Dura del Norte, el empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile (CRA), diputado electo por el radicalismo. A continuación, Página/12 presenta algunas de las historias que hacen visible lo que muchos se empeñan en ocultar.
Un hermano ejemplar
En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el empresario Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco Macri dice que compró 15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales viven estos campesinos.
“Los pequeños productores piden que se les reconozca el derecho principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones. Desde que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen tranquilos. Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se tienen que sentar a negociar cuántas hectáreas le corresponde a cada uno, no tienen problema. Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por ciento del total que dice tener Gianfranco Macri”, aseveró a este diario Rebecca Russo, abogada de la Organización de Pequeños Productores del Chaco Salteño, entidad que cuenta con el apoyo de la Federación Agraria. Según los campesinos de la zona, el objetivo de Macri es la producción de soja y la cría intensiva de ganado en feedlots.
En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura Familiar le hizo firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces diputado y ahora gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la regularización de la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos años de esa acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro lado, las comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la regularización de sus tierras (ley 26.160/06).
En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante la Corte Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000 personas, rodeados por 10 comunidades indígenas, que están a la vera de las rutas 34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta oficial.
Poder político y empresario

“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y los representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General Belgrano, Amado Bobadilla (FpV) –que ahora está distanciado de las entidades agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos. No existe ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que hayan jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario Benigno López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa (Mocafor).

En esta provincia hay dos casos emblemáticos. Uno ocurre en General Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y empresario millonario –según sus propios compañeros federados de la Mesa de Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de 38 hectáreas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.
El otro caso emblemático ocurre en el municipio de Ingeniero Juárez, departamento de Matacos, en una finca que se llama La Florencia, de aproximadamente 60.000 hectáreas, adonde viven más de cien familias de criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría de ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa Sociedad de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para expandir la frontera agrícola.
Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la connivencia entre Ferrer, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, y la policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa. “Ferrer expulsa a los campesinos y vende las tierras a precios internacionales. Hace dos años comenzó a reclamar formalmente por las hectáreas de La Florencia. Antes de eso se presentaba como alguien que quería ayudar a los campesinos, les hacía firmar papeles con la excusa de que conseguiría subsidios y así se fue haciendo de un manto legal, pero ilegítimo, para reclamar algo que no le corresponde”, indicó López. En Formosa hay 3 millones de hectáreas en situación de conflicto.
Modus operandi

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2006), desde hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de Alberdi (Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera Dura del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000 hectáreas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un modus operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos por este diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en varias oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión policial, disparos con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de seguridad nacionales como el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo, división especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero.

Dentro de las hectáreas detentadas por Madera Dura del Norte S.A. viven más de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias, destacamentos policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas denuncias, desde el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y supuestamente gendarmes para custodiar a parapoliciales y las topadoras, de la empresa Desmontes Londero, que ya desmontaron más de 15.000 hectáreas. El reclamo unánime de la población de las regiones visitadas es que el sistema judicial de la provincia actuaría sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la Justicia”, concluye el citado informe.
Federación Agraria y dos desalojos
Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un campo ubicado en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron el campo de 230 hectáreas donde vivía. Esto fue en 1984. Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de desocupación. Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos judiciales terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero logró volver a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a desalojar. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo. Según indicó a este diario un dirigente de la entidad, cuando se conoció el hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la nada.
La lucha del granito rojo

José Luis Godoy, de 43 años, enfrentará el próximo lunes junto a su hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que están imputados como usurpadores de un predio de 26 hectáreas, ubicado dentro del campo donde su familia vive desde hace más de sesenta años. Un productor y empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les reclama esas hectáreas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo Príncipe, recurso natural de alto valor económico.

“Hace más de sesenta años que vivimos en la comunidad Represa Morales, a 10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos luz eléctrica, tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a la escuela rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos cabras, chanchos, ovejas, es un campo tirando a árido, de 400 hectáreas. Hace muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le había firmado un papel cediendo las 26 hectáreas donde está el granito rojo. El abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez, después resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se juntaron para desalojarnos”, relata.
“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hectáreas del campo. En 2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos a Casación en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la cárcel. Este empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos matando animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres cuando los hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las canteras.”
Hay parámetros generales que se dan tanto en Santiago del Estero, Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía o como parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que debería servir para equiparar la desigualdad natural, termina favoreciendo a los más poderosos. De un lado quedan los impulsores de los agronegocios, con la soja a la cabeza y la especulación inmobiliaria. Del lado de enfrente, están los agricultores familiares”, concluyó el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. // Publicado por Página 12
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Menor de 12 años está implicado en incendio de Valparaíso

Un menor de 12 años fue detenido pues se sabe que es el responsable del incendio forestal que afectó a la locali­dad de Placilla, en la Re­gión de Valparaíso, y que ha afectado al menos a 760 hectáreas.
“Interpondremos las querellas correspondintes. Esto ya no está en nuestras ma­nos, todo queda a la responsabilidad de la fiscalía (Carlos Parra) y el Mi­nisterio Pú­blico”, dijo a Pu­blimetro el intendente de la Región de Valparaíso, Iván de la Maza.
La autoridad tam­bién expli­có que aquí hay un problema educativo pues no es el único me­nor que ha provocado un siniestro de este tipo.
Esto habla de un descuido en la formación de los niños y por eso la responsabilidad civil es de la familia...pero ¿qué hacemos con un niño de 12 años?”.
El niño será puesto a disposición de la justicia, pero no tiene la edad necesaria para ser procesado ba­jo la ley de responsabilidad penal juvenil. De la Maza además llamó a que los incendios no se transformen en espectáculo pues han llegado en masa a ver la emergencia y ha entorpecido el paso y el trabajo de bomberos, es un sentido equivocado”, dijo.
La Onemi cuantificó en 18 las casas destruidas por el fuego en el cerro Mariposas. Extraoficialmente se ha­bla de una treintena ya que vecinos del sector aseguran que en el lugar se emplazaban al menos dos viviendas por sitio.
Hasta el cierre de esta edición habían unos 60 damnificados.
Respecto a esto, el Go­bierno anunció que ofrecerá un subsidio habitacional pa­ra apoyar a las familias que perdieron sus casas a raíz de los incendios.
Fuente: Publimetro.cl
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21.12.09

Senadora ladrona es denunciada

JOSEFINA DENUNCIADA PENALMENTE Autor del Código de Aguas denuncia penalmente a la Senadora Nacional: Josefina Meabe de Matho por el Robo de Agua.
El Ing. RODOLFO AMILCAR PALADINI , de profesión ingeniero civil , hidráulico y en construcciones, asesor de obras y servicios públicos habilitado por el Consejo Profesional de la Ingeniería , Arquitectura y Agrimensura de Corrientes por el Nº 2.479, quien fuera coautor del Código de Aguas de la Provincia de Corrientes , Decreto-Ley Nº 191 / 2001, publicado en el Boletín Oficial del 03-XII-2001, denunció penalmente a la Senadora Nacional Josefina Meabe de Matho y a su esposo Sr. RICARDO DOMINGO MATHO y al titular del ICAA el Ing. MARIO RUBEN RUJANA, por considerarlos autores penalmente responsables del delito de “robo de aguas públicas en banda y en descampado para su beneficio varias veces reiterados”. Además se imputa particularmente a la Senadora Nacional por abuso de poder, y tráfico de influencias.
La denuncia presentada en el día de la fecha en la Fiscalía de Instrucción Nº 3 surge luego de que los hechos denunciados tomaran estado público a través del informe televisivo – Caiga Quien Caiga emitido el día lunes 23 de noviembre de 2009 por Telefe.
Allí integrantes de la Campaña Salvemos al Iberá manifiestan que la arrocera propiedad de Josefina Meabe de Matho, ubicada sobre el Río Corriente, no contaba con autorización para extraer agua y que la pretendida preexistencia de la misma no era real. “La gravedad del caso radica en que una funcionaria pública que debe dar el ejemplo a todos los productores hace todo lo contrario violando las leyes ambientales de la provincia” afirmó Emilio Spataro, activista ambiental quien coordina la Campaña Salvemos al Iberá.
Por su parte el Ing. Paladini indicó que como autor del Código de Aguas se sintió defraudado por la Senadora Nacional cuando tomo conocimiento del caso, “habiendo redactado el código de aguas, tengo el deber ciudadano de denunciar en la justicia lo que se constituye no solo un robo de agua, sino un robo al patrimonio de todos lo correntinos. ” Afirmó categóricamente. “El Código de Aguas es una ley fundamental que busca la equidad y responsabilidad en la utilización de este recurso indispensable para la vida humana, es bochornoso que un representante del pueblo viole está ley y pretenda desentenderse con argumentos totalmente falaces”. Agregó el Ingeniero.
“Desde la Campaña Salvemos al Iberá apoyamos la valiente denuncia presentada por el Ing. Paladini y reclamamos que las nuevas autoridades de la provincia arbitren todos los medios para el cumplimiento de las leyes ambientales, respetando lo consagrado por la constitución y las leyes. Los ecologistas continuaremos sumando apoyos correntinos hasta que cada ciudadano se comprometa en la defensa de los recursos públicos, porque el Iberá está en peligro por propios y ajenos.”Concluyó Emilio Spataro coordinador de Salvemos al Ibera.
—– ——————— Para más información leer la denuncia. Contacto: Emilio Spataro Coordinador Campaña Salvemos al Iberá salvemosalibera@gmail.com y coordinador@salvemosalibera.org Cel: 011 15 -5637-0332/ 03783 15 – 88-9702 Ing. Rodolfo Paladini Cel: 03783 15 -40-3773
Publicado por Salvemos al Iberá
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Biolcati le canta a Cristina

¿Adelantados? ¿Visionarios? ¿Oraculares?.

No lo sabemos, pero sospechamos que el grupo Les Luthiers tiene capacidades visuales futurísticas y aunque no lo reconozcan abiertamente, en este video hecho con años de anterioridad, recrean la relación Mesa de Enlace-Cristina Kirchner.

(Como si estuviese cantando Biolcati)

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15.12.09

Asociación Ecologista Río Mocoreta en Copenhague

Estimados/as En Copenhague está todo colapsado: la negociación, las acreditaciones, hasta el subte!!
Ayer los países en desarrollo plantearon que si no le daban garantías de que se iba a llegar un acuerdo en el grupo del PK se iban de las negociaciones. Como recordarán la Convención está negociando en dos vías: el grupo del Protocolo de Kioto (PK) y el de Cooperación a Largo Plazo (CLP). La intención de los países industrializados es que se haga un solo acuerdo en el marco del CLP que incluya a todos los países en un plan de largo plazo. Para los países en desarrollo, un acuerdo en el KP garantiza que los desarrollados tendrán compromisos diferenciados y de corto plazo, más controlable.
A la entrada de la COP, el sistema de acreditaciones colapsó. Hay un colega brasileño que ayer estuvo 8 horas haciendo cola para lograr acreditarse. Tengo otro amigo peruano que a las 4 horas de cola se fue porque estaba congelado. Es que la cola se hace afuera, al aire libre y hoy había apenas 2 grados de temperatura. A la salida del Bella Center (local de la conferencia) está la parada del metro. Es tanta la gente que se agolpaba en las puertas para subir que sencillamente el metro dejó de funcionar. Acá todo es muy moderno y los coches del metro no tienen chofer. Está todo computarizado. Se ve que las computadoras no entendieron lo que estaba pasando y se desconectaron. A partir de hoy martes ya no alcanza con la acreditación normal. Hay que tener un "secondary badge", otra tarjeta. NNUU entregó a cada organización un número arbitrario de tarjetas que por lo que pude averiguar es más o menos el 40% del número de personas acreditadas por esa organización. No ha sido igual para todas. pero es más o menos ese porcentaje. Eso será para martes y miércoles. Para el jueves solo se entregará 1000 tarjetas (hay 9000 personas de ONGs acreditadas) y para el viernes solo 90. Se pueden imaginar el revuelo y las protestas que esta situación ocasionó. En lo personal tengo el "secondary budge" así que al menos hasta el miércoles tengo asegurado el ingreso. Luego de eso quizá me tenga que ir a tomar mate a la orilla del río. A las 11 horas de hoy hay nuevos problemas en la entrada. Ni siquiera con el "secondary badge" se puede entrar. Hay gran malestar entre las ONGs y probablemente haya problemas. Obviamente las negociaciones no han avanzado.
Ha habido un par de documentos presentados por la Ministra danesa pero fue "cocinado" entre unas pocas delegaciones así que fue rotundamente rechazado por las que quedaron afuera (la mayoría). En resumen, mala conducción y organización de esta COP. No se espera más de lo que se esperaba antes de comenzar: un tibio acuerdo político con intenciones de ser continuado durante 2010. Por ahora es lo que tengo para contarles. Veremos que ocurre durante lo que queda la semana. Saludos a todos/as Gerardo Honty Publicado por : Asociación Ecologista Río Mocoretá
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11.12.09

¿Cuánto cobró por esta firma?

El gobernador Arturo Colombi dejó firmada la aprobación de la represa horas antes de abandonar su silla

Horas antes de entregar el bastón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi, el Gobernador saliente Arturo Colombi sorprendió con la firma del Decreto 2359/09 que pretende habilitar la polémica Represa que inundaría el curso del Arroyo Ayuí Grande para irrigar miles de hectáreas de arroz para Copra y Adeco Agro.

Mercedes, Corrientes, 10 de Diciembre de 2009:
Los funcionarios, los empresarios y el núcleo de pseudo-científicos promotores de la intentona por represar el curso del Arroyo Ayuí Grande para dejar 8.000 hectáreas de bajo las aguas de un inmenso lago artificial tenían la jugada perfectamente montada.

El viernes 4 de Diciembre harían la Audiencia Pública en Mercedes (un requisito indispensable según el Código de Aguas de Corrientes), el lunes 7 se firmaría la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que ya estaba previamente escrita, al igual que el Decreto del Gobernador, firmado apenas horas más tarde, y antes de entregar el sillón de la gobernación a su primo Ricardo Colombi.

Todo sucedió como lo habían anunciado los anónimos emitidos desde las propias oficinas de gobierno, que describirían con vergüenza ajena, pero sin poder poner firmas, lo que estaba cantado que sucedería. Pasaron por encima de todo, de las normas básicas de nuestra sociedad, las más elementales, la Constitución, pero luego atentaron contra todos los códigos, en especial los morales.

La Audiencia Pública había sido impugnada por un recurso extraordinario de la Fundación Iberá, por una larga lista de irregularidades. La misma organización había presentado una demanda (Recurso de Amparo) para anular un Decreto anterior que daba aprobación a un Plan de Ordenamiento de los Bosques Nativos, hecho a medida de estos empresarios, cargando con enormes irregularidades. Sin embargo, hicieron caso omiso de una y otra cosa.
No transcurrieron ni siquiera 24 horas hábiles para responder, o esperar el fallo de la justicia (que en este caso se demoró en exceso…). Desde el ICAA no llegaron siquiera a redactar el acta de la Audiencia, cuando ya tenían aprobado todo. Aún con la oposición de 3.200 firmas presentadas en el simulacro de audiencia. El amanecer del nuevo día es para los empresarios del Ayuí, y la ciudadanía correntina, con nuevo Gobernador y una represa inescrupulosamente habilitada…
La gran pregunta es ¿Cuál será ahora la conducta del nuevo gobierno? ¿Y cual la de la Justicia correntina?
Entre tanto, la indignación crece, no sólo entre los círculos ambientalistas, sino en la ciudadanía, que se ha sentido engañada, pues fueron pocos los que no advirtieron que aquella audiencia, y todo lo que precipitadamente ocurrió a continuación era un circo montado por empresarios sin escrúpulos, con autoridades domesticadas que habitaban dentro de las jaulas.
Publicado por: www.ennombredelayui.blogspot.com
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9.12.09

Monte Caseros: Denuncia penal para Cornaló

Parece que el intendente de Mte. Caseros, Cornaló no se percató que la zona en donde se hacían los trabajos para las aguas termales se inundaba, algo parecido le sucedió al intendente de Paso de los Libres "Peteco" Vischi, se gastó varios millones (¿Cuántos?) en construir una avenida de hormigón en una zona hiper-inundable.

COSTANERA DE PASO DE LOS LIBRES (foto)

La diferencia entre una estafa y otra es que aquí, en Libres, no hay ningún funcionario público, político, etc. que se atreva a denunciar a Vischi por dilapidar los recursos públicos y por si fuera poco, este año se construirá el tercer sambódromo en Libres, por tercera vez tienen que reconstruir integramente el sambódromo a un costo similar a la primera construcción.

SAMBODROMO DE PASO DE LOS LIBRES (FOTO)

Es que el director de obras públicas del municipio es un ex-croupier de Casinos del Litoral y su antecedente más sólido en la construcción es el de haber construido un lazo familiar con el intendente Vischi.

Veamos que sucederá en Monte Caseros
Tal como lo venia repitiendo el intendente electo de Monte Caseros, Eduardo Galantini, el complejo termal se realizó en un terreno inundable. Por su parte Galantini ya informó que el municipio denunciará penalmente a Eduardo Cornaló por este desastre que llevó adelante, conciente de los perjuicios que provocaría. Las fotos aéreas tomadas recientemente confirman que las termas están inundadas. (el circulo especifica el pozo termal).
Los Montecasereños tendrán que optar, por elevar el terreno, a un costo que supera ampliamente lo gastado en el pozo, con el consiguiente anegamiento de otras zonas pobladas o hacer otro pozo en un lugar en que el costo de la realización del complejo no implique la elevación del terreno.Este es el dilema que tendrán que afrontar los Montecasereños y principalmente la nueva gestión que se inicia este 10 de diciembre.
Por su parte Galantini ya informo que el municipio denunciará penalmente a Eduardo Cornaló por este desastre que llevó adelante, conciente de los perjuicios que provocaría, pero alentado por quienes posteriormente harían las tareas de elevación de los terrenos... "esto fue un negociado, denunció Galantini, las pruebas están a la vista".
publicado por: montecaserosya.com.ar
N de la R: ¿Coincidencia o designio de fuerzas ocultas? Los tres intendentes se llaman Eduardo
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Policía correntino se brota

Por medio del blog de Fénix nos enteramos que algunos efectivos de la policía de Corrientes son celosos custodios del órden y la seguridad que actúan poniendo en riesgo su propia existencia llegando a trabarse en lucha y reduciendo a peligrosos delincuentes.

Alumnos de sexto año del colegio General San Martín, tras participar de una misa en la iglesia La Merced, con motivo de culminar el ciclo escolar se dirigían a festejar a la plazoleta Vera, cuando en medios de cantos y aplausos se vieron sorprendidos por dos efectivos policiales. Uno de ellos, avanzó de manera violenta sobre uno de los jóvenes de nombre Héctor Silva, propiciándole fuertes golpes en distintas partes del cuerpo. Vecinos y compañeros intervinieron frenando el lamentable episodio.

Video subido a youtube por los alumnos

Según comentaron, habían finalizado una misa en la Iglesia La Merced y como es costumbre se trasladaban a la plazoleta Vera para festejar el fin de curso. Si bien es una constante que los jóvenes en esta época del año, marchen interrumpiendo el tránsito, esto despertó la furia de un efectivo de la policía de la provincia, quién avanzó con su motocicleta sobre uno de ellos. “Esto no bastó y se bajó de la moto, tomándolo violentamente, a partir de ese momento fueron golpes y golpes, hasta que tutores y vecinos intervinieron” relataron. El nombre del joven estudiante que aseguran fue victima de un abuso de autoridad, es Héctor López. Según indicaron, éste fue demorado.

publicado por corrientesonline.com

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8.12.09

Dirección Nacional de Migraciones – Corrientes

EXTRANJEROS: EXTIENDEN EL PLAZO DE LOS CERTIFICADOS DE RESIDENCIA PRECARIA
El plazo establecido por el Programa Nacional Patria Grande se extendió seis meses. La fecha límite para presentar la documentación requerida será ahora el 30 de mayo de 2010. Convocan a los residentes extranjeros a regularizar su situación migratoria.


La Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones informa que extendió hasta el 30 de mayo de 2.010 la vigencia de los certificados de residencia precaria emitidos en el Programa Patria Grande, de regularización migratoria.

El titular de la Delegación provincial, Félix Pacayut, explicó que el objetivo del programa nacional es “regularizar la situación migratoria y la inserción e integración de los extranjeros residentes en forma irregular en la República Argentina”.

Según el Programa, el vencimiento estaba establecido para el 30 de noviembre, pero ahora se extendió seis meses más. La fecha límite para completar la documentación requerida y regularizar su situación migratoria será el 30 d mayo del año que viene.

En esta situación de irregularidad se encuentran unas 187 mil personas en el país, “por eso es importante que los extranjeros residentes regularicen su situación y sean sujetos de derecho en la Argentina”, señaló el delegado.

Para mayor información, los interesados deberán dirigirse a la Delegación Corrientes de la Dirección Nacional de Migraciones, sita en Quintana 705, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.
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7.12.09

COPRA y ADECO AGRO pusieron su maquinaria en marcha

Para represar el Arroyo Ayuí Grande
 No se trata todavía de la maquinaria motriz para construir los paredones de la presa, sino de la mediática y del ejercicio de influencias sobre el gobierno correntino y la ciudadanía.
 Montaron en la Audiencia Pública del 4 de diciembre un escenario a la medida de sus ambiciones, preparado para convencer sobre el derrame económico del proyecto y demostrar los apoyos suficientes.
 Se adueñaron de la agenda de la reunión dominando las intervenciones, proveyendo transporte a oradores a favor, convocando firmas con métodos rayanos en lo extorsivo, administrando discursos a medida y alentando silbatinas dirigidas a quienes defienden el arroyo Ayuí.
La Audiencia Pública convocada el pasado 4 de diciembre por el ICAA para presentar el Proyecto de la Represa del Ayuí Grande en Mercedes, Corrientes, que –por improcedente– había sido objeto de un recurso extraordinario de impugnación por parte de la Fundación Iberá, se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes evidenciando un escenario montado a la medida de los intereses del grupo empresarial, y con autoridades que se mostraron domesticadas al efecto.

La audiencia comenzó a las 7 de la tarde con la presentación del proyecto y su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enfocando casi exclusivamente los beneficios materiales que serían derramados por el proyecto en la ciudadanía, a través de 1.300 puestos de trabajo.

El dato curioso apareció cuando los técnicos agrónomos mencionaron la superficie de irrigación que podrían lograr con la represa, porque de 28.000 hectáreas, promocionadas hasta entonces y en ediciones anteriores, pasaron a un vago “15 o 20 mil hectáreas” (que luego se acomodó en 15.000 has durante las siguientes presentaciones). Sin embargo, los puestos de trabajo nunca dejaron de ser los originales 1.300… Quedó una pregunta latente ¿Habrían olvidado actualizar esta cifra, o 28.000 hectáreas proveerán de igual trabajo que 15.000?Cuestionable o no, con el dato en carpeta, los titulares de la empresa Copra habían recorrido comercios, asociaciones, consejos de profesionales, cámaras de empresarios y hasta clubes de futbol, levantando adhesiones.

Hay que reconocer que hicieron un gran trabajo, y muchísimos fueron los estamentos que atendieron a la lógica convocatoria de los beneficios.“Estos apoyos son entendibles ¿Quién no quiere más trabajo, más dinero circulando en el pueblo, mejores oportunidades locales para evitar la migración de jóvenes que caracteriza a Corrientes?”.

Pero al ocultar deliberadamente los daños ambientales y sobrepasar las leyes vigentes, empleando sofisticada cosmética, las empresas –e incluso el Gobierno–, obraron de manera irresponsable, creando expectativas en la gente y una lógica demanda que luego resulta perfectamente manipulable. Ansiedad, angustia y más tarde reclamo y hasta agresividad hacia los eventuales “detractores”, se convierten en armas convenientemente empleadas por los impulsores del proyecto.

En el transcurso de la audiencia, que tuvo al Ing. Ricardo Freire (Copra) al comando de los controles, fueron apareciendo en escena distintas expresiones de apoyo: los fabricantes de maquinaria, repuesteros, camioneros, trabajadores rurales, contratistas, consignatarios, profesionales. Un conocido comerciante local confesó: “Me vinieron a buscar varias veces para firmar, y lo hice… una, porque imagino que darán más trabajo, otra, porque no quiero que me lo saquen ahora”. ¡Hasta un sector (no menor) de la prensa proveyó un comunicado de apoyo!, algo que resultó insólito tomando en cuenta el principio de “imparcialidad” que debe regir su ética cuando un tema se presenta con posiciones encontradas en la sociedad.

Para ciertos observadores, los contratos de publicidad de los distintos medios resultaron mandatorios. Hay que decir, en favor de muchos periodistas que no por ello dejaron de publicar, en las últimas semanas, los comunicados a favor del Ayuí que sistemáticamente proveyó la Fundación Iberá pagando “cero peso” en materia de publicidad y alquiler de espacios.

“Es que esta es una campaña que hacemos sin presupuesto alguno”, explicó el presidente de la entidad Enrique Lacour, “ninguno de nosotros cobra nada, ni aun los profesionales que nos asesoran, biólogos y abogados de prestigio y trayectoria.

Tenemos por principio no pagar un solo espacio en la prensa, y sin embargo, la gente y los medios están ávidos de nuestras noticias vinculadas a este tema del que la sociedad parece presa. Muchos piensan que esto es una barbaridad, pero simplemente no se animan a decirlo”.

Impacto Ambiental

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, su presentador fue el polémico Ing. Agr. De la UBA Jorge Adámoli, quién dedicó la mitad de su tiempo a intentar desarmar supuestos artificios empleados por las fracciones “ecologistas” que defienden el Arroyo Ayuí, proponiendo para ello una nutrida variedad de expresiones inverosímiles, que se encargó de asignar a los mismos y machacar de “Falso” con taxativos carteles.

“Nuestros detractores, que son unos pocos, dicen que vamos a inundar el Iberá… Pues eso es FALSO”… “Dicen que se inundarán 137 km de costas, cuando en verdad son 137 has de bosques”… , FALSO.

Y siguió de esa forma durante algunos minutos, advirtiendo sobre la manipulación a cargo de los defensores del Ayuí (algunos de los cuales en la sala tomaban nota para más tarde señalar tal bajeza al ingeniero).

Adámoli podía dedicarse a eso ya que las garantías de fundamentar una represa ambientalmente neutra, o aún beneficiosa, vendrían de la mano de un audiovisual enviado por el Dr. Otto Solbrig (Emérito de la Universidad de Harvard) –aunque habría que decir “supuestamente enviado” para salvar el prestigio del conocido biólogo–, que sorprendió por su excelente factura, musicalización, mezclas de imágenes y enfática locución.

Sin embargo, a la hora de mencionar la biodiversidad de la zona, por ejemplo “a las aves que se verían beneficiadas”, mostraba una cotorrita australiana. Los biólogos presentes concluían en silencio: “O a Solbrig no le enviaron el video, o de aves de la zona conoce poco…”

Más allá de la nota de color, el presentado como imparcial evaluador externo había confesado haber cobrado dinero de las empresas para realizar su evaluación. Es que a esta altura, el hecho de que la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) fue completamente desarrollada por los propios interesados es algo que nadie se encarga de esconder: ¡los propios gerentes de la compañía son los promocionados líderes de la Evaluación de su Impacto! En estas circunstancias ¿Alguien esperaría una evaluación que no sea favorable a las empresas?

Discursos agresivos ¿Signo de debilidad?

La retórica de los discursos –muchos de ellos redactados por personas diferentes de las que se encargaron de leerlos, cuestión que se evidenció por la cantidad de furcios devenidos de la escasa práctica en su lectura; además de convenientemente colocados al principio en orden preconcebido; pendulaban indefectiblemente del elogio a la Represa –como la panacea local del empleo–, al repudio a los “ecologistas”, a los que se trató de holgazanes, fanáticos, emisarios del imperio norteamericano, corruptos, facciosos y simuladores.

Mayormente con la aclaración de que eran “unos pocos”…De hecho, al menos en esa sala, eran efectivamente pocos. Es que estar allí para dar la cara era algo reservado para valientes, y hay que reconocer que no la pasaron muy bien.

Cuando una de las primeras expresiones a favor del Ayuí apareció de la mano de Pedro Healy (que más que “ecologista” es un divulgador y dirigente de la ruralidad correntina), abucheos y faltas de respeto no se hicieron esperar (…”Agarrá la pala”, se escuchó entre otros improperios). La autoridad no intervino a tiempo, sino tibiamente y más tarde.

El propio Ing. Adámoli, que había denostado previamente a los ecologistas, se encargo de pedir “un poco de respeto”. En un clima de completo éxtasis por los beneficios de todo tipo que traería esta represa, los defensores de la naturaleza, las cabezas más visibles de la oposición a la represa, tuvieron que esperar hasta pasada la medianoche.

Cuando el público ya raleaba, llegaron las intervenciones de estrictos 5 minutos y sin pantalla previamente montada: la Escribana María Mercedes Vallejos (en nombre del Abogado Constitucionalista Daniel Sabsay), la Abogada Ana Carola Galeano, Horacio Cardozo, Enrique Lacour y Aníbal Parera (a los que se sumó la voz inesperada y vívida de un productor arrocero afectado por una represa en la propia cuenca del Miriñay, el Sr. Luis Picolini).

Este último contó de qué forma aquella represa lo había dejado sin agua, recalcó la insensibilidad en su administración, y dejó copia de sus documentos.

De alguna manera fue el abanderado de los ausentes pero preocupados productores de la cuenca del Miriñay.

Sin embargo, amuchados al final, los puntales de la defensa del arroyo correntino lograron instalar un momento diferente, en donde varios de los oyentes alcanzaron a reflexionar sobre la legitimidad y las bases mismas de este proyecto. Al demostrar claramente que no se está en contra de la producción de arroz, ni de ninguna otra práctica agrícola bien llevada, sino de la intensión de sepultar el Ayuí (expresado especialmente por el biólogo Parera), se escucharon inesperados aplausos de la tribuna de productores.

La escribana certificó las firmas de más de 3.200 personas que se manifestaron en contra de la represa en distintas partes del país y el mundo.

Plataforma legal vacía

Quedaba para el final un “plato fuerte” de las empresas: su apoderado legal. Sin embargo su discurso fue sorprendente, dado su calificación, ya que en lugar de dedicarse a rebatir los argumentos legales esgrimidos principalmente en el discurso de Sabsay; se distrajo en una escalada increpante a los ecologistas, caracterizándolos con toda clase de epítetos, arrancando los consabidos aplausos de la tribuna.

Notable también fue la inmediata liberación de una extensa gacetilla de prensa, cuidadosamente labrada en base a los contenidos de una gran cantidad de discursos, a favor de la represa, donde ni la Impugnación presentada por la Fundación Iberá ni ninguno de los discursos en contra de la represa fueron expresados.

En 5 páginas de sobreabundantes expresiones, apenas se dijo que los empresarios estaban satisfechos “considerando que las 7 u 8 personas que pusieron objeciones a lo largo de la noche no expusieron elementos técnicos vinculados al Proyecto en sí mismo, sino que hicieron cuestionamientos de tipo ideológico”.

Para la gente que analiza un poco más del promedio, este no es más que un signo de debilidad en los argumentos. Pues en adelante, los “siete u ocho”, productores, profesionales y ciudadanos comunes calificados de “ecologistas ideologizados”, alentados por otros 3.200 que firmaron en contra de que se haga esta represa (nómina que incluye perfiles de todo tipo y hasta un integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental), y por los que por lógico pudor social, o temor a perder sus fuentes de ingresos, no se animan a mostrarse, pero aprueban desde el llano, están ahora tocando las puertas de la Justicia
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La Alumbrera ¿El Ayuí catamarqueño?

Al igual que el emprendimiento minero La Alumbrera en Catamarca, la represa del Ayuí y sus sospechados adherentes en Corrientes prometen miles de puestos de trabajo, millones de pesos por exportaciones, promocionan el negocio casi como una panacéa agrícola que viene a sacar a la provincia de la miseria, el desempleo y el atraso sin mencionar que el rédito económico será para un grupo de empresarios, algunos extranjeros, que los puestos de trabajo no solucionarán en nada el nivel de desempleo provincial, además estará en negro la mayor parte del personal, y ni pensar en blanquear ante la población la destrucción y el aniquilamiento de miles de animales de diversas especies así como vegetales y las consecuencias a largo plazo en el medioambiente.
Pero veamos que sucede en Catamarca cuando los funcionarios públicos se someten a estas corporaciones e incluso salen a mendigar sobras de comida a través de proyectos de declaración del Congreso.
Hasta no hace mucho, se les pedía una ambulancia, computadoras o que pintaran una escuela. Las mineras, gustosas, y a manera de espejitos de colores, entregaban éstas y otras dádivas en las localidades cercanas a sus megaemprendimientos, en un contexto de Estados cómplices, retirados o ausentes. Pero ahora resulta más fácil, más económico, más ignominioso aún: basta con que junten las sobras de cada comida…

La alumbrera (imágen satelital)

Fue idea del diputado nacional del Frente para la Victoria Gerónimo Vargas Aignasse, de Tucumán, quien presentó un proyecto de Declaración para que el Congreso de la Nación exprese “que vería con agrado que el alimento sobrante diario de Minera Alumbrera Limited fuera entregado en forma de donación al Municipio de Andalgalá y Amaicha del Valle, escuelas, comedores escolares y sociedades de beneficencia de niños carenciados de Catamarca y Tucumán”.

La entrega de sobras a escolares y carenciados, ¿será el famoso “efecto derrame” que los paladines de la megaminería invocan para defender la actividad? ¿O será una expresión novedosa del clientelismo empresarial, que muchos pretenden disfrazar tras el pomposo y vacuo concepto de “responsabilidad social empresarial?

Pero, ¿acaso no era que la minería sería un motor de desarrollo provincial? Como afirma Horacio Machado, profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, allá por 1997, cuando arrancó La Alumbrera, “predominó la sensación de que, aún cuando las condiciones y concesiones otorgadas a las empresas mineras eran excesivas, se trataba de la “única alternativa para aprovechar tales riquezas como ‘motor del desarrollo’ provincial”. Sin embargo, la historia mostró que la mina no mejoró ni un ápice los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario.

La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación. Con los años, a la par que fueron cayendo los índices industriales y de la construcción, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo muy altos y la tasa de desocupación aumentó visiblemente.

Hacia 2006, sólo en Andalgalá, ascendía a más del 25 por ciento. Por otra parte, ¿cómo ignorar que los gravosos efectos ambientales que viene produciendo La Alumbrera continúen siendo objeto de numerosas denuncias por parte de ciudadanos y organizaciones socioambientales? Esto sin contar las serias denuncias judiciales y parlamentarias sobre los valiosos metales exportados, como molibdeno y plata, que no son declarados merced de los laxos o nulos controles gubernamentales.

¿O acaso no fueron las reiteradas denuncias por contaminación ambiental las que, en 2007, condujeron a sancionar una ley de prohibición de este tipo de minería, nada menos que en la provincia de Tucumán, donde se encuentra la sede administrativa de La Alumbrera, de la que la propia Universidad Nacional es socia y de donde es oriundo nuestro imaginativo diputado?

Frente a la original visión asistencial que nos prodiga el diputado oficialista, podemos preguntarnos: ¿por qué no buscó ampliar su proyecto de declaración para incluir que el Congreso Nacional “vería con agrado” que la empresa no contamine la cuenca del Salí-Dulce o del río Vis-Vis; que la minera transnacional utilizara un poco menos de agua, dado que dilapida en una región árida 100 millones de litros diariamente?

Todo esto no ocurre porque el gobierno nacional no sólo no está interesado en traer a la agenda pública estos temas, sino que además es responsable de la profundización del actual modelo minero.

El pedido del diputado al Congreso Nacional aparece así como la metáfora perfecta de lo que significa la minería a gran escala en nuestro país: pobreza, desigualdad, neocolonialismo y una vergonzosa subordinación social, económica y política a las empresas transnacionales.

* Socióloga. En colaboración con Enrique Viale.

publicado por Crítica Digital
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Para leer en la cama: Salió el libro Sexo como Dios manda

Llega el "Kamasutra católico", con consejos de un fraile polaco que no conoce la cara de dios.
El libro "Sexo como Dios manda" aborda de modo desacartonado la sexualidad dentro del matrimonio.
Los católicos argentinos más pacatos quizá se sonrojen cuando puedan acceder en las librerías de todo el país a lo que, no sin cierta osadía, fue bautizado como el "Kamasutra católico".
Porque desde hoy saldrá a la venta, editado por Lumen, el libro "Sexo como Dios manda" del fraile polaco Ksawery Knotz, que se está haciendo famoso en todo el mundo por abordar de modo descarnado la sexualidad del recto matrimonio católico.
Es que -como Knotz dice de entrada echando por tierra preconceptos ancestrales- "Dios está interesado en una vida sexual feliz y en esos momentos brinda todos sus dones". Porque -añade- no faltan aquellos católicos que "cuando oyen hablar de la santidad del acto conyugal de inmediato imaginan que el sexo debe estar privado de alegría, jueguitos frívolos, fantasías y posiciones agradables. Que tiene que ser tan triste como las canciones sacras tradicionales", agrega lindando con la irreverencia.A Knotz -radicado en un monasterio del sur de Polonia-, su falta de experiencia por ser célibe no le impide aconsejar porque cree contar con una vasta experiencia de "segunda mano" en base al acompañamiento espiritual que brinda a numerosos matrimonios.
Puede afirmar que durante el actoo sexual "los esposos pueden demostrarse amor de todos los modos, brindarse incluso las caricias más rebuscadas y recurrir a la estimulación manual u oral".
Knotz es aún más explicito: "La excitación de los órganos sexuales con la ayuda de los labios o de la lengua como elemento del juego previo es moralmente admisible y no se debe buscar pecado en tales conductas".
Eso sí: afirma que "el momento más significativo y culminante es el de la penetración. Es el momento de la unión, de ser 'una sola carne' no sólo en el sentido de la mayor proximidad física, sino también de la unidad psicológica y espiritual"En aras de una mayor satisfacción de la mujer que le facilite llegar al orgasmo, no faltan algunos consejos prácticos. Por ejemplo, para tener más erecto el miembro.
O, en su defecto, el señalamiento de que el hecho de que "el amor del marido por su esposa lo obliga a que después de su propia satisfacción acaricie la vulva y el clítoris hasta que ella alcance el orgasmo". Tampoco omite la importancia que tiene para la mujer el clima previo. Llega a recomendar el "baño de a dos", el uso de ciertos perfumes y hasta comida que predisponga mejor.
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5.12.09

Fabián Ríos "Si el radicalismo hace travesuras, saben bien que el que los hace los paga"

"Si el radicalismo hace travesuras, saben bien que el que los hace los paga" En diálogo exclusivo con Sudamericana, el actual senador Fabián Ríos, dijo que si bien la transición con el gobierno municipal actual comenzó muy bien en los últimos tiempos algunas cuestiones que no lo terminaron de cerrar y por ende, comentó, "si el radicalismo hace travesuras, saben bien que el las hace termina pagándolas porque es la sociedad la encargada de recordar todo". Esto, sobre todo en el ámbito de la elección del nuevo presidente del Concejo Deliberante donde se están dando algunos que otros inconvenientes dado que Correntinos por el Cambio apoya a Mirian Coronel y el radicalismo, comenzó a poner algunas dudas al respecto


"De mi parte no hay duda de que sea Mirian Coronel la que será la nueva presidente del Concejo Deliberante, es parte del bloque de Correntinos por el Cambio y es la concejal que va a tener mas antigüedad lo que es parte de la tradición para que presida el cuerpo".

Ríos dijo que lo de Jaime fueron especulaciones provenientes del radicalismo. "Tengo la sensación que lo que empezó con una transición ordenada ya el presidente del concejo que correspondía al oficialismo municipal dijo que el cuerpo debía ser presidido por un hombre del oficialismo actual, es decir, de Camau Espínola pero luego su discurso fue mutando esa posición y da la impresión de que trató de cabalgar en internas que no le corresponden".

Por otro lado, habló de que el resultado electoral de las últimas elecciones posiciona al justicialismo como oposición y es la postura que adoptarán. "Pero seremos una oposición seria y responsable", explicó como así también dijo que la fuerza no forma parte del gobierno de Ricardo Colombi más allá de que el gobernador electo haya convocado a un hombre afiliado al peronismo -Aníbal Godoy- a participar de su gabinete.

"Esta es una decisión personal de Ricardo Colombi pero no quiere decir que el peronismo forma parte de su gobierno ni mucho menos". Lo que sí dijo es que no se analiza sanciones para el ex - director de Vialidad Nacional en Corrientes por haber aceptado este cargo. (L.T)


Fuente: Radio Sudamericana
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3.12.09

La Fundación Iberá impugnó la audiencia pública de Mercedes

La Fundación Iberá presentó un recurso extraordinario de impugnación de la Audiencia Pública que pretende habilitar la construcción de una Mega-Represa creando un lago artificial de 8.000 hectáreas que afectaría el curso natural del arroyo Ayuí, por considerarla improcedente, convocada en desacuerdo con las normas y sustentada en procedimientos administrativos irregulares.
Corrientes- 03 de Diciembre: Según esta fundación radicada en Mercedes, una organización liderada por ciudadanos de diversa extracción, en la que no faltan productores: “Todo el procedimiento para habilitar de manera apresurada la represa del Ayuí Grande, está viciado, es irregular y atiende a intereses particulares en lugar del bien común”. En primer lugar, la convocatoria de Audiencia Pública fue realizada fuera de reglamento (publicada con menos de un mes de antelación, con lo cual su convocatoria resulta inválida). En segundo término, se sustenta en un informe “favorable” emanado desde la Dirección de Recursos Forestales, que está apoyado sobre un Decreto para el Ordenamiento de los Bosques Nativos completamente irregular (y ahora en manos de la Justicia).

Para muchos observadores, esto atiende a un “apuro” especial por parte de las autoridades para concretar las habilitaciones antes del cambio de gobierno, que ocurrirá a pocos días.

Para la abogada curuzucuateña María Belén Blanco: “Esto está todo mal, y acá parece que el apuro manda más que el apego a las leyes”. La Dra. Blanco abandonó junto al Presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour esta mañana las oficinas del ICAA, donde se presentó el recurso de Impugnación, comentando: “Aunque la hagan, esta audiencia no vale”.

Siguen las irregularidades El ICAA (Instituto Correntino del Agua y el Ambiente), tiene como mandato crear los “Comités de Cuenca” (según el artículo 7 del decreto Ley Nro. 191/01), pues aquí no se han creado.

Desde la lógica de las empresas que promueven el proyecto de represa, se entiende: Ningún productor de la cuenca, potencialmente afectado por la represa, acordaría su construcción. De hecho, muchos han manifestado su desaprobación.

Pero ¿Puede la Autoridad de Aplicación del Código de Aguas emplear esa misma lógica?Lluvia de cartasMientras corre el Recurso de Impugnación presentado al ICAA, que las autoridades están obligadas a responder so pena de acción judicial en contra de los propios funcionarios, cientos de personas están enviando su negativa a la represa desde los más variados rincones del país, a través del Blog del Arroyo Ayuí Grande (http://www.ennombredelayui.blogspot.com/).

Fuente: www.ennombredelayui.blogspot.com
Monica Colunga entrevista al presidente de la Fundación Iberá Enrique Lacour, Publicado por Radio Fenix


Leer texto completo del recurso presentado
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Chile: Privatizan el mar

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Voceros

Para muestra basta con algunos botones

Joaquín Morales Solá







Samuel Gelblung





José María Muñoz








Daniel Caram

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2.12.09

Hay que atrapar al ladrón

Se reabre la causa de los u$s 60 millones
Si interpuso una acción de nulidad ante el increíble fallo de prescripción de la acción penal, en la que se había imputado a Raúl Oscar Aguad de haber cometido el mayor fraude en la historia de la municipalidad de Corrientes.


Raúl Oscar Aguad deberá recurrir a su inmunidad parlamentaria. El famoso caso conocido como de los 60 millones de dólares, aquel empréstito concedido a la municipalidad capitalina en agosto del año 2000 y que luego fueron canjeados por bonos CECACOR, se reabrió tras la presentación de uno de los damnificados de lo que se considera, la mayor estafa en la historia de Corrientes a dineros públicos.


La próxima administración municipal podría pedirle a la nación una reparación económica por el impresionante desfalco sufrido, que en la actualidad le ocasiona un tremendo perjuicio financiero. Prácticamente más de un millón ochocientos mil pesos mensuales, al tener la toma del crédito, respaldo del Ejecutivo provincial con garantía de los recursos de coparticipación. Un verdadero entramado judicial con apoyo del poder político, le sirvió a Aguad para escapar de una condena segura.


Las altas cumbres le colocaron un paraguas de protección sobre su desdeñable figura. En diciembre de 2007, la jueza Laura Varela decidió sobreseerlo de las imputaciones que recaían sobre sus espaldas, junto a otros dos ex funcionarios de la tristemente célebre gestión cordobesa por prescripción de la acción penal.



La titular de juzgado de instrucción Nº5, no solo que omitió tratados internacionales con rango constitucional (Pacto de San José Rica) que declaran la imprescriptibilidad de los delitos de acción pública, sino que también no contabilizó con exactitud el lapso transcurrido de las actuaciones judiciales, con el tiempo de la pena del delito de administración fraudulenta con el que se lo acusaba a Aguad, y que tiene un máximo de 6 años de condena. Además Varela sabía de los fueros que le otorgaban cierta invulnerabilidad judicial al llamado Milico, momento en que se interrumpen los plazos de caducidad de la instancia. El ahora jefe de la bancada radical en la cámara baja del congreso nacional, se desempeñó como delegado normalizador en la comuna correntina del entonces interventor federal Ramón Bautista Mestre a partir de diciembre de 1999, a quien lo sucedería en ese cargo en marzo de 2001 cuando el extinto odontólogo era designado Ministro del Interior del frustrado gobierno de Fernando de la Rúa.



En diciembre de 2005 asumió como diputado de la nación y fue reelecto en junio último, por otro mandato más. Para que opere la prescripción de la acción penal contra Aguad en la afamada causa de los u$s 60 millones, todavía faltaría más de 24 meses si se aplica la ley 25188, utilizada por la jueza Varela. Aunque de intermediar la nueva normativa (Nº25.550), los plazos serían más amplios y superarían los tres años. Ante el fallo de caducidad de la instancia practicado por Varela, el damnificado Rodolfo Amilcar Paladini interpuso horas atrás la nulidad del dictamen, advirtiendo “violación al principio de congruencia, taxatividad y especificidad de las resoluciones, y denunció falta de fundamentación y resolución de los planteos formulados de inconstitucionalidad y violaciones de Pactos y Tratados Constitucionales y Provinciales”. Hizo la reserva federal del caso.



EL CASO


Los autos caratulados como “PALADINI RODOLFO AMILCAR S. / DENUNCIA” Expediente Nº50.650, se iniciaron el 29 de noviembre de 2001, luego de advertirse que el préstamo tomado al banco de la Nación en agosto de 2.000 en millones de dólares, fueron birlados de la forma más desfachatada. La montaña de dólares que arribaron en octubre de ese año a las arcas provinciales destinado a la municipalidad de Corrientes para amortizar pasivos con organismos descentralizados (IPS y el IOSCor) y deudas contraídas con anterioridad, fueron canjeados por CECACOR, y tras la conversión, recién abonadas las deudas.



Asimismo se habían violentado normas locales y provinciales para acreditación del empréstito. Del efectivo que quedó tras aquella conversión, jamás se supo su paradero. Algunos aseguran que parte del dinero fue utilizado para el rescate de los bonos en su primera emisión y el resto depositado en paraísos fiscales. El caso tuvo un largo trajinar entre el fuero federal y el provincial por razones de competencia (ver aparte), pero que le sirvieron a la defensa de Aguad para ir consumiendo los tiempos apuntando a la estrategia de prescripción que finalmente fallaría la jueza Laura Varela.


Como dato, entre las suspensiones donde el procesado Raúl Oscar AGUAD BEILY no tuvo ni fueros ni tampoco inmunidades, sería el plazo que va desde el día 11 de diciembre del año 2.001 al 10 de diciembre de 2.005.


Un lapso que suma CUATRO (4) AÑOS, siendo un tiempo menor al establecido en la pena máxima de administración fraudulenta que es de 6 años.



Un artículo


Conforme el Art. 27º de la Constitución Provincial “los principios, garantías y declaraciones establecidas en esta constitución no podrán ser alterados bajo pena de nulidad, por las leyes que lo reglamenten.



Toda ley, decreto, orden o resolución emanados de las autoridades que impongan principios, libertades y derechos consagrados por la Constitución otras restricciones que la misma permite o priven a los habitantes de la provincia de las garantías que ella asegura, serán nulos y sin valor alguno. Sin perjuicio de las reclamaciones por inconstitucionalidad, los damnificados por tales disposiciones podrán deducir ante quien corresponda la acción procedente contra los funcionarios o empleados públicos, hayan cesado o n en su mandato, que los hubiera autorizado o ejecutado, sin que pueda eximirse de responsabilidad en caso alguno alegando orden o aprobación superior”.



Esta disposición le otorga al ingeniero Rodolfo Amilcar Paladín a plantear la nulidad de la prescripción resuelta por el juzgado de instrucción Nº5.



Antecedentes del trámite penal


La Causa Nº50650 se inicia con la presentación del ingeniero civil Rodolfo Amilcar Paladini por ante la Fiscalía de Instrucción Nº2, por ese entonces a cargo Cesar Pedro Sotelo, hoy fiscal General de la provincia, el 29 de noviembre de 2001. Caratulada: “PALADINI RODOLFO AMILCAR S/DENUNCIA - CAPITAL”, la acusación apunta contra Raúl Oscar Aguad Beily y otros, por el descomunal defalco perpetrado entre agosto y octubre del año 2.000, identificada en la jerga periodística como el “ROBO DEL MILENIO”.



Posteriormente la denuncia fue remitida desde el Juzgado de Instrucción Nº5 al Juzgado Federal de Corrientes con el 14 de diciembre de de ese año por razones de competencia. También se le caratuló con el mismo rótulo y ahora bajo el expediente Nº 919/01.En marzo de 2.002 se presentaría como querellante la Municipalidad de Corrientes ordenada por su otrora intendente Nora Lilian Nazar de Romero Feris. En el Juzgado Federal, el entonces procurador Fiscal Emilio Pont Riera, luego de analizar la denuncia, dictaría con fecha 2 de mayo de 2.002 el requerimiento de instrucción formal contra Raúl Oscar Aguad y Ramón Mestre por la comisión de los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Publico (Art. 248º C.P.) Administración Fraudulenta en Perjuicio de la administración Pública (art. 173º inc. 7m. C.P.), y fraude en perjuicio de la administración Pública (Art. 174º inc. 5to C.P.), entre otros imputados. Varios meses después y ante la zaga de la prensa crítica sobre el tema, 18 de febrero de 2.003 el juez Federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, ordenaría la declaración indagatoria en calidad de imputados a Ramón Mestre para 24 de marzo de 2.003 y a Oscar Aguad Beily para el día 25 de marzo de 2.003.



Pero como si fuera una paradoja del destino, el 9 de marzo de ese año y a escasas dos semanas de presentarse e tribunales, fallece Mestre. Su deceso es comunicado al juez Soto Dávila, a través de un certificado de defunción. Días después el 20 de marzo, los patrocinantes legales de Aguad plantean la incompetencia por jurisdicción, y el expediente es elevado a la Corte Suprema de Justicia de la nación.



Asimismo se solicita se suspenda la declaración de Aguad a resultas de la decisión del Alto Tribunal de la República. El máximo órgano jurídico del país resuelve que el litigio se debe desarrollar en juzgados provinciales. Una tremenda burocracia judicial hace demorar meses el reintegro del expediente desde el fuero federal a los estrados correntinos. Y lo peor del caso, cuando arriba no lo hace al juzgado de origen, generándose una increíble competencia entre los fiscales (Passeto y Smith) que debían lidiar en el proceso, dilatando más las actuaciones. El planteo lo debe definir la Cámara del Crimen Nº1, tomándose de un año y siete meses para resolver la cuestión. Impresionante. Las fojas regresan al comienzo de la historia. Aguad es citado por el Juzgado de Instrucción Nº5 para el 14 de abril de 2005 en el horario de 7 a 13 horas.



Se abre otro planteo rechazado, y el ex interventor federal es llamado nuevamente a indagatoria para el día 26 de abril de 2.005 en el horario de 7 a 13 horas, aunque su declaración se llevaría a cabo el día anteriors en horas de la tarde para evitar la presencia de la prensa, con la anuencia de la Juez Varela.



Consta declaración indagatoria de Oscar Aguad Beily con fecha de 25 de abril de 2.005. En esa época no era diputado nacional. Se le concede eximición de prisión. Renuncian como representantes de la querella los abogados municipales, abogados Leguizamón y Yonna.-El Juzgado de Instrucción Nº5 solicita el 05 de Mayo de 2.006 mediante exhorto, al congreso Nacional con que fecha Oscar Aguad, tomo posesión del cargo del diputado de la nación.Obra pericia oficial contable realizada por el contador Spessot (persisten dudas sobre su trabajo).Ricardo Maldonado aparece como nuevo querellante en representación del municipio capitalino. Pide vista y copias del expediente.



El 1 de junio de 2.006, la jueza Laura Varela pide a la Municipalidad de Corrientes y a la Gobernación Provincial, con que fecha asumió y cesó Aguad en su cargos de Interventor Municipal e Interventor Federal.


El 23 de mayo de 2.006 la Cámara de Diputados de la nación le informa al Juzgado de Instrucción Nº5, que Oscar Aguad ingresó como diputado el día 10 de diciembre de 2005 y vence su mandato el día 09 de diciembre de 2009.


El 6 de julio de 2006 y bajo Auto Nº790 se dicta procesamiento contra Oscar Aguad por la comisión de los delitos de Administración Fraudulentas en Perjuicio de una Administración por Violación de los Deberes a su Cargo y Fraude contra la Administración Pública (Arts. 173º inc. 7mo. Y inc. 5to del C.P.A), con pedido de prisión preventiva la que no se hace efectiva por tener inmunidad parlamentaria Art. 69º de la C.N.


Posteriormente la defensa interpone revocatoria contra la providencia. El Juzgado no le hace lugar rechazándolo por improcedente.



-El Fiscal de Instrucción Nº 5, Graciela Fernández Contarde, el 22 de octubre de 2006, dictamina que la causa penal no ha prescripto, solicitando se resuelva la situación procesal de los imputados (Aguad, Ramón Darwich y Fidias Sanz), conforme al art. 336º del Código Procesal Penal de Corrientes, pidió el sobreseimiento.


El 27 de julio de 2.006, la defensa interpone Recurso de Apelación y Nulidad contra el auto de procesamiento, ante el Juzgado de Instrucción Nº 5., pasando las actuaciones de la Cámara del Crimen Nº1.


El Fiscal de la Cámara Nº 1, Carlos Léctora, dictamina con fecha 1 de noviembre de 2006 que debe hacerse lugar a la apelación por resultar la conducta imputada atípica, debiéndose revocar el auto de procedimiento apelado.



Inentendible la reacción del ministerio público.


El 6 julio de 2.007 la Cámara del Crimen Nº1, dictamina sobre la Apelación y Nulidad, votando sus magistrados de la siguiente forma;


Primero: Camarista Luis González: rechaza las nulidades, desestima el encuadramiento de la conducta penal del Art. 173 inc. 7mo, y hace lugar a la prescripción de la acción penal y su voto lo extiende para los otros imputados.


Segundo: Camarista Roberto Abel Mendíaz: no hace lugar a la prescripción de la acción penal. Rechaza las nulidades, desestima la figura penal del art. 173 inc. 7mo. del C.P.A, votando por la revocatoria del auto del procedimiento.


-Tercero: Camarista Cynthia Godoy Prats: no hace lugar a la prescripción de la acción penal, dice que debe hacerse lugar parcialmente a la apelación debiendo revocarse el auto de procedimiento al no existir el delito de defraudación.


-Finalmente se resuelve revocar parcialmente el auto de procesamiento apelado y con mayoría de votos se rechazo la prescripción de la acción penal.


Más allá de esta resolución del tribunal de alzada, el 20 de diciembre de 2007, la jueza Laura Varela titular del Juzgado de Instrucción Nº 5, bajo el auto Nº 3.386, dicta SOBRESEIMIENTO sopor PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL por aplicación del Art. 336º inc. 4to del C.P.P.C a RAUL OSCAR AGUAD BEILY, conforme lo establece la ley 25.188 -Art. 67º y Art. 59º inc. 3ro. Y 62 Inc. 2do del C.A.P., respecto de los delitos de administración Fraudulenta en Perjuicios de la Administración Pública por Violación de los Deberes a su cargo (art.173º inc 7mo y 174º inc. 5to del C.A.P.).
Con fecha 18 de marzo de 2.008 se notifica la Fiscal Nº5, Fernández Contarde del Auto de sobreseimiento por prescripción Nº30386 emitida por el juzgado de Instrucción Nº 5, aunque era su obligación apelarlo, decide aceptar la prescripción.
El pasado 16 de noviembre de 2.009 el denunciante Rodolfo Amilcar Paladini, retira de la Cámara del Crimen Nº1, fotocopia simple de la Resolución Nº 402/07. Y el último 24 de noviembre de 2.009 toma vistas de la causa criminal en el Juzgado de Instrucción Nº5.
Fuente diario 1588
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