Los reclamos principales fueron por tierras y el rechazo a industrias extractivas. Fueron recibidos por CFK.
Por Darío Aranda
Nunca en doscientos años los pueblos indígenas habían llegado con tanta masividad hasta el centro del poder político de Argentina. Y el reclamo, unívoco y contundente, fue el mismo de los últimos dos siglos: tierra, rechazo a las empresas que los desalojan, respeto a su cultura ancestral y justicia frente a los atropellos del pasado y el presente. “La tierra, robada, será recuperada”, fue el canto con el que las comunidades indígenas de diez provincias ingresaron ayer a la tarde a Plaza de Mayo. Todos los discursos denunciaron el rol extractivo y contaminante de las compañías mineras, agropecuarias y petroleras, y también a la dirigencia política “que por acción u omisión permite nuestra opresión”. Aclararon que no marcharon para festejar el Bicentenario, sino para “mostrar que seguimos vivos”. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner los recibió en la Casa de Gobierno y prometió atender sus reclamos. Luego de ocho días de marcha, Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, aseguró que esperaban “anuncios concretos a las históricas demandas”.
La movilización fue impulsada por la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita (UPND de Tucumán), Kollamarka de Salta y el Consejo de Autoridades Indígenas de Formosa. También participó el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina) y contó con el apoyo fundamental de la organización Tupac Amaru, que dirige la jujeña Milagro Sala.
“Es una marcha histórica, nos animamos a llegar hasta este mundo de edificios, asfalto, y venimos con respeto pero también fuerza, queremos que les quede claro que los grandes negocios de las empresas arrasan nuestras tierras y se llevan nuestra vida”, graficó al comienzo de la marcha Félix Díaz, pilagá de la comunidad La Primavera de Formosa, uno de los ocho mil indígenas que llegaron hasta Buenos Aires.
Las columnas de comunidades indígenas ocuparon siete cuadras de la avenida 9 de Julio. Lo ancho de todo un carril estaba desbordado de rostros curtidos, abuelos, muchas mujeres, niños y gran cantidad de jóvenes. En Diagonal Norte los esperaron organizaciones sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). Camino hacia la Plaza, desde algunos edificios tiraban papelitos, aplaudían el paso indígena y las banderas argentinas convivían con las wiphala, emblema multicolor de los pueblos originarios.
“Caminando por la verdad, hacia un Estado plurinacional”, fue la consigna de la marcha, que comenzó el 12 de mayo en Jujuy, Misiones y Neuquén, atravesó diez provincias y contó con la presencia de los pueblos kolla, mapuche, qom-toba, diaguita, lule, huarpe, wichí, mocoví, guaraní, vilela, sanavirones y guaycurú. Elías Maripan, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), arengó desde el escenario. “Los pueblos originarios están de pie, dignos y conscientes de sus derechos”, gritó con el puño en alto. La multitud lo ovacionó.
Desde el ingreso de las columnas a la ciudad de Buenos se hizo hincapié en el pliego consensuado antes de comenzar la marcha. Territorio, cultura-educación, “madre naturaleza” y reparación económica. En base a leyes ya vigentes, exigen inmediato reconocimiento y restitución de tierras, aplicar con urgencia el derecho a la consulta y consentimiento sobre los hechos y acciones que los afectan, y la aplicación efectiva de la ley 26.160, de emergencia territorial, ya vigente hace cuatro años y muy demorada en su aplicación.
En el plano cultural solicitaron reconocimiento de las lenguas indígenas como idiomas oficiales, incluir planes de estudio interculturales, crear universidades e institutos de formación indígena y suplantar el 12 de octubre por fechas significativas de los pueblos originarios. “Solicitamos la derogación del Código de Minería”, remarcan desde la convocatoria –como freno a la avanzada de la minería metalífera a gran escala– e impulsan la creación de un “tribunal de justicia climática”.
David Sarapura, de la Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónomas (Kollamarka, de Salta), aclaró que la marcha “no es para festejar el Bicentenario, marchamos para demostrar que estamos vivos, que somos los antiguos pobladores de esta tierra y que hemos resistido y seguiremos resistiendo, eso es lo que nos llevó a todos los hermanos a estar en esta marcha. Lo que sí festejamos es que estamos vivos”.
La Presidenta recibió a una treintena de delegados durante una hora. “Propuso una agenda de trabajo para la primera quincena de junio. Dijo que está de acuerdo en muchos puntos, y en otros para nada. Suponemos que no comparte nuestro rechazo a la minería, las petroleras y empresas que saquean y contaminan nuestros territorios, no lo dijo pero lo dio a entender”, explicó Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche, y reconoció que esperan “anuncios concretos. Nos hubiera gustado respuestas claras a nuestras demandas, pero sabemos que al Estado les cuesta entender nuestra realidad, aunque tiene claro que estamos organizados y no bajaremos las demandas”. El derecho y la protección del territorio es la histórica demanda de todos los pueblos indígenas, sin distinción de etnias y regiones.
Una investigación de Página/12 reveló en 2007 que existen al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre comunidades indígenas y multinacionales mineras, los estados provinciales y nacional, privados multimillonarios –aunque también algunos menos acaudalados–, empresarios turísticos, plantas de celulosa, empresas sojeras, universidades nacionales y, según acotan las comunidades, “un sistema político y judicial que desobedece las leyes”. En la misma línea, un trabajo de la organización Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) relevó seis provincias del noreste argentino y aportó datos inéditos: cinco millones de hectáreas en conflicto, casi 600 mil personas afectadas, y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas. El informe demuestra que la mayor conflictividad comenzó en la década del 90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.
Jorge Nahuel, mapuche, aseguró que ahora los pueblos indígenas están “movilizados, se hacen escuchar y tienen una fortaleza mayor que hace décadas”.
Un sector organizado, pero atomizado
En Argentina habitan, según datos oficiales, 600 mil personas que se reconocen pertenecientes o descendientes de 24 pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas aseguran que el número es mayor, cercano al 1,5 millón de personas, y afirman que hay al menos 30 pueblos indígenas. En el país no hay una organización que nuclea a todas las comunidades, ni siquiera existe un organización que reúna a todos los indígenas de una provincia o etnia. Al contrario, en provincias con alta población indígena (Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones o las patagónicas) existen decenas de organizaciones, disputas, divisiones y, en algunos casos, alianzas con gobiernos provinciales o nacional.
Las demandas explicitadas en la marcha de ayer son tan antiguas como la conformación del Estado nacional. En toda la historia indígena hubo reclamos, de distintos modos (huelgas, enfrentamientos, marchas, cortes de ruta) y en distintos lugares del país, pero nunca una movilización tan masiva y heterogénea había llegado a Buenos Aires.
La marcha no estuvo ajena a polémicas y enfrentamientos dentro de las mismas organizaciones indígenas. La movilización comenzó a gestarse en diciembre pasado. En febrero de este año contó con el visto bueno del Gobierno, que acompañó la iniciativa desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Ministerio de De-sarrollo Social y desde Radio y Televisión Argentina (RTA). Pero una división entre organizaciones significó el retiro del apoyo económico a la marcha. El otro sector, llamado Encuentro Nacional de Pueblos Originarios, reúne a una decena de organizaciones, sí cuenta con el respaldo del INAI y también fue recibido ayer por la Presidenta, que realizó junto a ellos un acto en el Salón de la Mujer de Casa de Gobierno. Ambos sectores son afines al gobierno nacional, enarbolan las mismas demandas, sobre todo territorio, eje central de todas las comunidades indígenas del país.
Otro sector se reunirá el lunes y martes próximo en lo que se denomina “el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos”. Participan organizaciones sociales, comunidades indígenas de Salta, Chaco, Jujuy, Tucumán y Formosa. También estará la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios (Orcopo) y la mayor parte de los reclamos pasan por el rechazo a las industrias extractivas y el papel del Gobierno.
Leyes para incumplir
A lo largo de los ocho días de marchas indígenas no se pidió la sanción de nuevas leyes, sino el cumplimiento de las ya existentes. El libro Crónicas de la resistencia Mapuche, un completo relato histórico del investigador y periodista Adrián Moyano, da cuenta de que esos incumplimientos son recurrentes a lo largo de la historia. Recuerda la violación sistemática de tratados de paz firmados por la corona española y, luego, el Estado argentino. Revela que se acordaba con los pueblos indígenas, pero los gobiernos luego violaban esos pactos para avanzar sobre tierras ancestrales y asesinar comunidades. “Al internarse las tropas de Roca en territorio indígena, varios de esos tratados estaban en vigencia. Sin embargo, a los que invadían en nombre de su civilización no les importó respetar los acuerdos que habían celebrado poco tiempo antes”, denuncia. En el marco del Seminario de Derecho Indígena Comparado, en 1998, el especialista en historia del derecho del Conicet Abelardo Levaggi identificó 74 tratados con comunidades indígenas. Su gran mayoría fueron incumplidos por las autoridades argentinas, que violaron la ley y desconocieron los derechos indígenas.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, prestó ayer breves declaraciones a los medios desde la cuna del General José Francisco de San Martín y aprovechó la ocasión para expresar la preocupación del Gobierno nacional por el posible impacto ambiental severo de la represa Ayuí Grande en el ecosistema próximo a los Esteros del Iberá.
"Es un tema que estamos estudiando y estamos preocupados con lo que estamos viendo", dijo y afirmó que el Gobierno nacional tiene "la sensación de que (la proyectada represa) impacta severamente en el ecosistema y que además tiene que ver con complicaciones en el Tratado del río Uruguay", firmado por la Argentina y Uruguay, señaló el jefe de Gabinete.
"Tenemos todo un equipo trabajando en este tema", añadió sobre el anegamiento de tierras en la cuenca del arroyo Ayuí, afluente del río Uruguay, proyectado por las empresas Copra S.A. y Adeco Agro para regar unas 18.000 hectáreas de futuros arrozales en la zona a través de la creación de un lago artificial de 8.000 hectáreas.
De esta manera, el ministro adelantó la dura embestida que planteará el oficialismo contra el proyecto, que según una iniciativa de Agustín Rossi (Frente para la Victoria) en el Congreso de la Nación que pide se cree una comisión investigadora para seguir de cerca la Legislación provincial de Ordenamiento de Bosques Nativos que avala la continuidad del proyecto Ayuí y que "viola la Ley Nacional de Bosques Nativos".
