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23.8.10

Greenpeace cuestiona la represa del Ayuí

Posición de Greenpeace sobre el proyecto Represa del Ayuí Grande y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes Corrientes, Argentina — Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio.
Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial.
El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.
Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.
Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.
Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto.
Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.
En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.
Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia.
Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia.
Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques. -
Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. -
En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable. Nota: ◦Para leer la Carta de Greenpeace al Congreso de la Nación por el proyecto Represa del Ayuí Grande, hacé click aquí. ◦ Para leer la Posición de ONGs ambientalistas sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, hacé click aquí.
Fuente: Greenpeace
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9.8.10

En Corrientes lo ilegal es corriente

Daniel Sabsay es abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Su postura a favor del Grupo Clarín durante el debate por la Ley de Medios fue notoria. Sin embargo, a la hora de calificar la mega obra del vicepresidente de ese grupo, José Antonio Aranda, asegura que “esta represa es ilegal. Está viciada desde el origen. El gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto el ordenamiento territorial de bosques que posibilita su construcción, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Corrientes, porque una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos no puede ser saldada con un decreto.”
A pesar de que luego haya salido por ley, Sabsay sostiene que “sigue adoleciendo de graves problemas porque el contenido sustantivo de la norma sancionada incumple con aspectos fundamentales del marco normativo ambiental nacional y provincial, y hasta se violan tratados internacionales que la Argentina suscribió con rango constitucional. Es una barbaridad que se permita la apropiación de un curso de agua que es de dominio público en una zona de altísima biodiversidad, que la propia Unesco definió como una reserva de biosfera.”
Desde el punto de vista del constitucionalista, “está en tela de juicio la autorización de la represa. Hay muchas voces disonantes al respecto. Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental. Pero va más allá de lo ambiental, desde el punto de vista del derecho.”
Fuente: Diario Tiempo Argentino
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7.12.09

COPRA y ADECO AGRO pusieron su maquinaria en marcha

Para represar el Arroyo Ayuí Grande
 No se trata todavía de la maquinaria motriz para construir los paredones de la presa, sino de la mediática y del ejercicio de influencias sobre el gobierno correntino y la ciudadanía.
 Montaron en la Audiencia Pública del 4 de diciembre un escenario a la medida de sus ambiciones, preparado para convencer sobre el derrame económico del proyecto y demostrar los apoyos suficientes.
 Se adueñaron de la agenda de la reunión dominando las intervenciones, proveyendo transporte a oradores a favor, convocando firmas con métodos rayanos en lo extorsivo, administrando discursos a medida y alentando silbatinas dirigidas a quienes defienden el arroyo Ayuí.
La Audiencia Pública convocada el pasado 4 de diciembre por el ICAA para presentar el Proyecto de la Represa del Ayuí Grande en Mercedes, Corrientes, que –por improcedente– había sido objeto de un recurso extraordinario de impugnación por parte de la Fundación Iberá, se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes evidenciando un escenario montado a la medida de los intereses del grupo empresarial, y con autoridades que se mostraron domesticadas al efecto.

La audiencia comenzó a las 7 de la tarde con la presentación del proyecto y su Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), enfocando casi exclusivamente los beneficios materiales que serían derramados por el proyecto en la ciudadanía, a través de 1.300 puestos de trabajo.

El dato curioso apareció cuando los técnicos agrónomos mencionaron la superficie de irrigación que podrían lograr con la represa, porque de 28.000 hectáreas, promocionadas hasta entonces y en ediciones anteriores, pasaron a un vago “15 o 20 mil hectáreas” (que luego se acomodó en 15.000 has durante las siguientes presentaciones). Sin embargo, los puestos de trabajo nunca dejaron de ser los originales 1.300… Quedó una pregunta latente ¿Habrían olvidado actualizar esta cifra, o 28.000 hectáreas proveerán de igual trabajo que 15.000?Cuestionable o no, con el dato en carpeta, los titulares de la empresa Copra habían recorrido comercios, asociaciones, consejos de profesionales, cámaras de empresarios y hasta clubes de futbol, levantando adhesiones.

Hay que reconocer que hicieron un gran trabajo, y muchísimos fueron los estamentos que atendieron a la lógica convocatoria de los beneficios.“Estos apoyos son entendibles ¿Quién no quiere más trabajo, más dinero circulando en el pueblo, mejores oportunidades locales para evitar la migración de jóvenes que caracteriza a Corrientes?”.

Pero al ocultar deliberadamente los daños ambientales y sobrepasar las leyes vigentes, empleando sofisticada cosmética, las empresas –e incluso el Gobierno–, obraron de manera irresponsable, creando expectativas en la gente y una lógica demanda que luego resulta perfectamente manipulable. Ansiedad, angustia y más tarde reclamo y hasta agresividad hacia los eventuales “detractores”, se convierten en armas convenientemente empleadas por los impulsores del proyecto.

En el transcurso de la audiencia, que tuvo al Ing. Ricardo Freire (Copra) al comando de los controles, fueron apareciendo en escena distintas expresiones de apoyo: los fabricantes de maquinaria, repuesteros, camioneros, trabajadores rurales, contratistas, consignatarios, profesionales. Un conocido comerciante local confesó: “Me vinieron a buscar varias veces para firmar, y lo hice… una, porque imagino que darán más trabajo, otra, porque no quiero que me lo saquen ahora”. ¡Hasta un sector (no menor) de la prensa proveyó un comunicado de apoyo!, algo que resultó insólito tomando en cuenta el principio de “imparcialidad” que debe regir su ética cuando un tema se presenta con posiciones encontradas en la sociedad.

Para ciertos observadores, los contratos de publicidad de los distintos medios resultaron mandatorios. Hay que decir, en favor de muchos periodistas que no por ello dejaron de publicar, en las últimas semanas, los comunicados a favor del Ayuí que sistemáticamente proveyó la Fundación Iberá pagando “cero peso” en materia de publicidad y alquiler de espacios.

“Es que esta es una campaña que hacemos sin presupuesto alguno”, explicó el presidente de la entidad Enrique Lacour, “ninguno de nosotros cobra nada, ni aun los profesionales que nos asesoran, biólogos y abogados de prestigio y trayectoria.

Tenemos por principio no pagar un solo espacio en la prensa, y sin embargo, la gente y los medios están ávidos de nuestras noticias vinculadas a este tema del que la sociedad parece presa. Muchos piensan que esto es una barbaridad, pero simplemente no se animan a decirlo”.

Impacto Ambiental

En cuanto a la Evaluación de Impacto Ambiental, su presentador fue el polémico Ing. Agr. De la UBA Jorge Adámoli, quién dedicó la mitad de su tiempo a intentar desarmar supuestos artificios empleados por las fracciones “ecologistas” que defienden el Arroyo Ayuí, proponiendo para ello una nutrida variedad de expresiones inverosímiles, que se encargó de asignar a los mismos y machacar de “Falso” con taxativos carteles.

“Nuestros detractores, que son unos pocos, dicen que vamos a inundar el Iberá… Pues eso es FALSO”… “Dicen que se inundarán 137 km de costas, cuando en verdad son 137 has de bosques”… , FALSO.

Y siguió de esa forma durante algunos minutos, advirtiendo sobre la manipulación a cargo de los defensores del Ayuí (algunos de los cuales en la sala tomaban nota para más tarde señalar tal bajeza al ingeniero).

Adámoli podía dedicarse a eso ya que las garantías de fundamentar una represa ambientalmente neutra, o aún beneficiosa, vendrían de la mano de un audiovisual enviado por el Dr. Otto Solbrig (Emérito de la Universidad de Harvard) –aunque habría que decir “supuestamente enviado” para salvar el prestigio del conocido biólogo–, que sorprendió por su excelente factura, musicalización, mezclas de imágenes y enfática locución.

Sin embargo, a la hora de mencionar la biodiversidad de la zona, por ejemplo “a las aves que se verían beneficiadas”, mostraba una cotorrita australiana. Los biólogos presentes concluían en silencio: “O a Solbrig no le enviaron el video, o de aves de la zona conoce poco…”

Más allá de la nota de color, el presentado como imparcial evaluador externo había confesado haber cobrado dinero de las empresas para realizar su evaluación. Es que a esta altura, el hecho de que la EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) fue completamente desarrollada por los propios interesados es algo que nadie se encarga de esconder: ¡los propios gerentes de la compañía son los promocionados líderes de la Evaluación de su Impacto! En estas circunstancias ¿Alguien esperaría una evaluación que no sea favorable a las empresas?

Discursos agresivos ¿Signo de debilidad?

La retórica de los discursos –muchos de ellos redactados por personas diferentes de las que se encargaron de leerlos, cuestión que se evidenció por la cantidad de furcios devenidos de la escasa práctica en su lectura; además de convenientemente colocados al principio en orden preconcebido; pendulaban indefectiblemente del elogio a la Represa –como la panacea local del empleo–, al repudio a los “ecologistas”, a los que se trató de holgazanes, fanáticos, emisarios del imperio norteamericano, corruptos, facciosos y simuladores.

Mayormente con la aclaración de que eran “unos pocos”…De hecho, al menos en esa sala, eran efectivamente pocos. Es que estar allí para dar la cara era algo reservado para valientes, y hay que reconocer que no la pasaron muy bien.

Cuando una de las primeras expresiones a favor del Ayuí apareció de la mano de Pedro Healy (que más que “ecologista” es un divulgador y dirigente de la ruralidad correntina), abucheos y faltas de respeto no se hicieron esperar (…”Agarrá la pala”, se escuchó entre otros improperios). La autoridad no intervino a tiempo, sino tibiamente y más tarde.

El propio Ing. Adámoli, que había denostado previamente a los ecologistas, se encargo de pedir “un poco de respeto”. En un clima de completo éxtasis por los beneficios de todo tipo que traería esta represa, los defensores de la naturaleza, las cabezas más visibles de la oposición a la represa, tuvieron que esperar hasta pasada la medianoche.

Cuando el público ya raleaba, llegaron las intervenciones de estrictos 5 minutos y sin pantalla previamente montada: la Escribana María Mercedes Vallejos (en nombre del Abogado Constitucionalista Daniel Sabsay), la Abogada Ana Carola Galeano, Horacio Cardozo, Enrique Lacour y Aníbal Parera (a los que se sumó la voz inesperada y vívida de un productor arrocero afectado por una represa en la propia cuenca del Miriñay, el Sr. Luis Picolini).

Este último contó de qué forma aquella represa lo había dejado sin agua, recalcó la insensibilidad en su administración, y dejó copia de sus documentos.

De alguna manera fue el abanderado de los ausentes pero preocupados productores de la cuenca del Miriñay.

Sin embargo, amuchados al final, los puntales de la defensa del arroyo correntino lograron instalar un momento diferente, en donde varios de los oyentes alcanzaron a reflexionar sobre la legitimidad y las bases mismas de este proyecto. Al demostrar claramente que no se está en contra de la producción de arroz, ni de ninguna otra práctica agrícola bien llevada, sino de la intensión de sepultar el Ayuí (expresado especialmente por el biólogo Parera), se escucharon inesperados aplausos de la tribuna de productores.

La escribana certificó las firmas de más de 3.200 personas que se manifestaron en contra de la represa en distintas partes del país y el mundo.

Plataforma legal vacía

Quedaba para el final un “plato fuerte” de las empresas: su apoderado legal. Sin embargo su discurso fue sorprendente, dado su calificación, ya que en lugar de dedicarse a rebatir los argumentos legales esgrimidos principalmente en el discurso de Sabsay; se distrajo en una escalada increpante a los ecologistas, caracterizándolos con toda clase de epítetos, arrancando los consabidos aplausos de la tribuna.

Notable también fue la inmediata liberación de una extensa gacetilla de prensa, cuidadosamente labrada en base a los contenidos de una gran cantidad de discursos, a favor de la represa, donde ni la Impugnación presentada por la Fundación Iberá ni ninguno de los discursos en contra de la represa fueron expresados.

En 5 páginas de sobreabundantes expresiones, apenas se dijo que los empresarios estaban satisfechos “considerando que las 7 u 8 personas que pusieron objeciones a lo largo de la noche no expusieron elementos técnicos vinculados al Proyecto en sí mismo, sino que hicieron cuestionamientos de tipo ideológico”.

Para la gente que analiza un poco más del promedio, este no es más que un signo de debilidad en los argumentos. Pues en adelante, los “siete u ocho”, productores, profesionales y ciudadanos comunes calificados de “ecologistas ideologizados”, alentados por otros 3.200 que firmaron en contra de que se haga esta represa (nómina que incluye perfiles de todo tipo y hasta un integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental), y por los que por lógico pudor social, o temor a perder sus fuentes de ingresos, no se animan a mostrarse, pero aprueban desde el llano, están ahora tocando las puertas de la Justicia
Publicado por: http://www.ennombredelayui.blogspot.com/
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