Ayuí: El Estado ante la Corte Suprema

Ayuí: la Nación solicitó se dicte el freno de las obras La Jefatura de Gabinete acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento. El pedido surge a raíz de un informe de Gendarmería Nacional que daría cuenta de la proximidad de las obras. Esto se suma al anterior planteo que derivó en solicitudes de informes por parte del órgano judicial al Gobierno correntino.

El Estado nacional solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que dicte el cese inmediato y la paralización del emprendimiento empresarial privado denominado "Proyecto Productivo Ayuí Grande", que se impulsa en el Departamento Mercedes y que ya cuenta con la concesión del agua pública para la explotación del arroyo otorgada por el Instituto Correntino del Agua y del Medio Ambiente.

"La Jefatura de Gabinete de Ministros, con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación como órgano director del Cuerpo de Abogados del Estado, hizo el planteo en base a un informe elaborado por la Gendarmería Nacional, que da cuenta de la proximidad del inicio de las obras", indicó un comunicado de la Procuración del Tesoro publicado ayer por Telam.

Precisó que "el informe de la Fuerza de Seguridad señala que se encuentra en trámite el procedimiento de licitación, al cabo del cual, tendrán comienzo los trabajos". "Esta presentación -sostuvo- del Estado nacional ante la Corte se suma a los pedidos oportunamente formulados ante el máximo Tribunal, en los que requirió la suspensión de las obras hasta que se hicieran los análisis de impacto ambiental para evitar un perjuicio irreparable al medio ambiente por el desmonte en zonas que deberían ser protegidas; y a la vez, a fin de garantizar el cumplimiento del Estatuto del Río Uruguay de 1975".

Añadió que "esta causa judicial se inició con una acción de amparo promovida por el Estado nacional contra la provincia de Corrientes, tendiente a que ésta presentara los informes técnicos y antecedentes necesarios para que los organismos nacionales competentes pudieran evaluar el impacto que el proyecto tendría sobre el medio ambiente, sin embargo esa información aún no ha sido brindada".

Esta nueva solicitud surge en el marco de la cuenta regresiva para la instalación de la represa, ya que días atrás, el Instituto Correntino del Agua y del Medio Ambiente (Icaa) emitiera la concesión del agua pública para iniciar en un plazo de 60 días la obra de la represa.

Al respecto desde el Icaa informó que por petición de la Corte elevó copias certificadas de los procedimientos realizados por el organismo. Indicó también que en el informe elevado a Fiscalía de Estado se aclara respecto al alcance de los plazos establecidos tanto en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), como en las Resoluciones de Concesión de Agua, donde se destaca como requisito fundamental que los responsables de la UTE, al momento de decidir la construcción de la presa sobre el arroyo Ayuí, deben comunicar al Icaa el inicio de la misma, con una antelación de 60 días según lo dispuesto en la Resolución Nº 794/09 de Declaración de Impacto Ambiental y 30 días de acuerdo a lo estipulado según lo estipulado en las Resoluciones de Concesiones de Derechos de Aguas, otorgadas al continuar los procedimientos administrativos, técnicos y legales al no existir impedimentos judicial al respecto.

Publicado por El Libertador

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Greenpeace cuestiona la represa del Ayuí

Posición de Greenpeace sobre el proyecto Represa del Ayuí Grande y el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes Corrientes, Argentina — Desde hace más de cinco años un grupo de empresas arroceras pretende represar el arroyo Ayuí Grande, sepultando 8.000 hectáreas bajo las aguas de un lago artificial, alterando el régimen de este importante curso de agua y eliminando valiosos bosques nativos. Dicho proyecto fue duramente cuestionado por Greenpeace y varias organizaciones ambientalistas desde su inicio.

Para que el proyecto de la Represa del Ayuí Grande sea factible se necesita que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes clasifique a los bosques ribereños que quedarían inundados en la Categoría III (verde), la cual permite su desmonte total o parcial.

El artículo 9º de la Ley 26.331 establece en forma precisa que se deberán incluir en la Categoría I (rojo) a las “áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitat de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica”.

Resulta sorprendente entonces que gran parte de los bosques del Espinal cercanos a sistemas hídricos (incluyendo a los linderos con el arroyo Ayuí Grande) no fueran incorporados en el Ordenamiento Territorial de la provincia en la Categoría I (rojo), entendidos como “sectores de muy alto valor de conservación que no deben transformarse”.

Por otra parte el Ordenamiento Territorial de Corrientes, tampoco cumple con los “Criterios de Sustentabilidad Ambiental para el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos”, del Anexo de la Ley que en su punto 9 establece: “Potencial de conservación de cuencas: consiste en determinar la existencias de áreas que poseen una posición estratégica para la conservación de cuencas hídricas y para asegurar la provisión de agua en cantidad y calidad necesarias. En este sentido tienen especial valor las áreas de protección de nacientes, bordes de cauces de agua permanentes y transitorios, y la franja de “bosques nublados”, las áreas de recarga de acuíferos, los sitios de humedales o Ramsar, áreas grandes con pendientes superiores al (5%), etc.”.

Frente a ello, organizaciones ambientalistas de todo el país presentaron sus objeciones a dicho Ordenamiento, mediante un documento conjunto.

Pese a las críticas, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió su sanción, sin ningún cambio, mediante el Decreto 1439/09, y el 9 de diciembre de 2009 aprobó el proyecto Represa del Ayuí Grande mediante el decreto 2353/09.

En diciembre de 2009, la Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Reserva del Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que establecía el Ordenamiento Territorial de Bosques de la provincia.

Sin embargo, en lugar de modificarlo para que el mismo cumpla con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, el Poder Ejecutivo de Corrientes decidió enviar a la legislatura un proyecto de ley exactamente igual al decreto rechazado por la Justicia.

Así, en mayo de 2010, la legislatura correntina sancionó la Ley Provincial Nº 5.974 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes, cuyo mapa de zonificación es idéntico al anulado en su momento por la Justicia.

Consideramos que el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de Corrientes se opone a los objetivos y criterios de conservación establecidos en la Ley de Bosques, ya que no protege importantes zonas boscosas continuas del Espinal y no le pone freno al avance de la frontera agropecuaria y a la fragmentación de sus bosques. -

Teniendo en cuenta el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, según el cual “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”, entendemos que esta norma resulta inconstitucional al no cumplir con la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. -

En ese marco, volvemos a señalar que para Greenpeace el proyecto Represa del Ayuí Grande resulta ambiental y jurídicamente inaceptable. Nota: ◦Para leer la Carta de Greenpeace al Congreso de la Nación por el proyecto Represa del Ayuí Grande, hacé click aquí. ◦ Para leer la Posición de ONGs ambientalistas sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Corrientes, hacé click aquí.

Fuente: Greenpeace

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En Corrientes lo ilegal es corriente

Daniel Sabsay es abogado constitucionalista y presidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Su postura a favor del Grupo Clarín durante el debate por la Ley de Medios fue notoria. Sin embargo, a la hora de calificar la mega obra del vicepresidente de ese grupo, José Antonio Aranda, asegura que “esta represa es ilegal. Está viciada desde el origen. El gobernador Arturo Colombi autorizó por decreto el ordenamiento territorial de bosques que posibilita su construcción, y eso fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Corrientes, porque una Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos no puede ser saldada con un decreto.”

A pesar de que luego haya salido por ley, Sabsay sostiene que “sigue adoleciendo de graves problemas porque el contenido sustantivo de la norma sancionada incumple con aspectos fundamentales del marco normativo ambiental nacional y provincial, y hasta se violan tratados internacionales que la Argentina suscribió con rango constitucional. Es una barbaridad que se permita la apropiación de un curso de agua que es de dominio público en una zona de altísima biodiversidad, que la propia Unesco definió como una reserva de biosfera.”

Desde el punto de vista del constitucionalista, “está en tela de juicio la autorización de la represa. Hay muchas voces disonantes al respecto. Los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental. Pero va más allá de lo ambiental, desde el punto de vista del derecho.”

Fuente: Diario Tiempo Argentino

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Los Colombi dan asco

Radicales correntinos: Que diria el general San Martin si viera como la infame antipatria negocia su legado

Anoche aprobaron la reglamentacion de la Ley de Bosques que habilita la destrucción de los Esteros del Iberá, Los Colombi unidos por la traicion a la Patria, la vida y la naturaleza. De concretarse esta verdadera canallada, las forestadoras chilenas y los arroceros avanzarán sin límites sobre el territorio provincial, destruyendo la maravillosa naturaleza que lo ha caracterizado.

Es tan evidente el interés económico de las corporaciones por aniquilar estos frágiles ambientes detras de ganancias rápidas, y tan insostenible el discurso de los radicales que hicieron posible, que a cualquier cabeza senzata no le quedan dudas que se han prometido “migajas” hacia abajo del paquete que obtendrán.

Incluso es grosera la actitud de los primos Colombi, que a pesar de estar peleados a muerte ( y cuando decimos “muerte” nos acordamos por ejemplo del secretario de medios de Arturo, que aparecio oportuna y misteriosamente “suicidado”) se empujan por aparecer frente a estos grupos económicos buitres, como los que lograron la felonía con la mas que expuesta intención de, despues, pasar por alguna ventanilla a cobrar el favor.

Realmente dan asco.

Desde la página de FUNDAVIDA hacemos votos por la memoria del pueblo correntino, para que en un futuro los juzgue y condene a estos ladrones que controlan la política provincial.

Fundavida

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